Lo veo negro

Me refiero a lo del carbón, como no podría ser de otro color. Y no porque vayan a cerrarse las minas que quedan en activo, sino por todo lo contrario; y porque, según parece, todos los españolitos que pagamos impuestos y tarifas eléctricas vamos a tener que seguir sosteniendo a ese grupo parasitario constituido por los mineros del ramo. Llevamos haciéndolo más de un siglo, desde que Antonio Maura estableció en 1907 el consumo obligatorio del carbón nacional y dos años más tarde empezó a subvencionarlo para regocijo de los intereses hulleros y menoscabo del bolsillo de los ciudadanos. De ahí salió una política que, como escribió Perpiñá Grau, hizo «todo lo que fuera necesario para eliminar la importación de carbón extranjero», con el consiguiente perjuicio de tal proteccionismo para la economía nacional.

El caso es que, desde entonces, lo de soltar pasta a los empresarios y trabajadores del carbón, a los ayuntamientos de las cuencas mineras y a otros paniaguados sin más mérito que el de pasar por allí, no ha cesado en ningún momento, de manera que la protección del carbón ha trascendido a los regímenes políticos y a los gobiernos de todo signo. En las dos últimas décadas, el coste de todo ello se ha cifrado en una media de mil millones anuales. Como se dispara con pólvora del rey, ni que decir tiene que esos recursos no han servido para nada productivo, aunque, eso sí, los que los han recibido han vivido holgada y perezosamente. Y algunos, entre los empresarios y los sindicalistas, se han forrado practicando lo que conocemos como corrupción.

Ahora parecía que todo eso se iba a terminar porque, en 2016, el gobierno español firmó un acuerdo con la Unión Europea para cerrar definitivamente las minas antes del próximo fin de año. Pero hete aquí que una derivada de la política del «no es no» ha sido el reverdecer de los intereses carboníferos, de manera que, entre el PSOE, CCOO y la UGT, se han inventado un nuevo plan para conseguir «una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras». No se engañen los lectores: eso de «justa» significa que todos tendremos que pagar la susodicha transición; y lo de «sostenible» quiere decir que los afectados vivirán como reyes tocándose sus partes. Se calcula que recibirán más de 2.100 euros por persona y que los mineros se jubilarán a los 40 años, con lo que tendremos otros 40 por delante repartiéndoles la sopa boba –hecha, eso sí, con los mejores manjares–. Al parecer, en esto consiste el progresismo izquierdista del doctor Sánchez.