Leyes

Estupefacción y conmoción –etc., etc.– ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre ese escurridizo impuesto de las hipotecas que todos pagamos al firmar un préstamo hipotecario. Muchas especulaciones. Las teorías conspiranoicas sobre enjuagues políticos están teniendo mucho éxito. Algunos consideran que todo el «lío» deriva de las presiones, políticas, o de uno u otro lobby, sobre los jueces. Yo creo que no. No digo que esas presiones no existan (cuando hay en juego miles de millones de euros, resulta lógico esperar que pueda haberlas) pero, como siempre, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y aquí posiblemente coincida con la justificación que dio Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo: «La ley Hipotecaria no es clara». Esa es la cuestión. Él pedía cambiarla y aclarar quién es exactamente el sujeto pasivo en un contrato hipotecario. Que se especifique quién debe pagar el impuesto, si el banco o el cliente que firma el préstamo. La Aedaf, Asociación Española de Asesores Fiscales, cuyos integrantes conocen bien estos asuntos, sostiene que el sujeto pasivo es el banco (el acreedor), y defiende la primera sentencia como correcta (la que decía que los clientes no tenían porqué pagar la factura). Pero el verdadero problema que ha destapado este asunto es el lacerante y terrible embrollo jurídico que tenemos (en varios niveles: estatal, autonómico, municipal...) que está condenando a España a un retraso. Barullo legislativo intolerable. Se genera una cantidad ingente y absurda de leyes, redactadas (como corresponde) por un poder legislativo compuesto por políticos neófitos pero atrevidos, que en incontables ocasiones incurren en el desatino, pues nadie les impide imponer ambigüedades legales difíciles de interpretar, contradictorias, innecesarias, extractivas (estimulando así el fraude, en vez de reducirlo), incoherentes, defectuosas y lamentables... que ni siquiera ellos mismos pueden desentrañar en la mayoría de los casos, y que están conduciendo al país a un callejón sin salida jurídico, frenando su progreso y, lo más grave, obstaculizando la justicia social, que debe ser claro objeto de cualquier Estado de Derecho. La principal perjudicada de esta situación indignante es la clase media, que está siendo destruida legal, implacablemente... El problema en este caso, y en tantos otros, es la imposibilidad de interpretar leyes tan ridículamente enigmáticas y confusas que ni siquiera quien las redacta es capaz de entenderlas.