¿Terrorismo machista?

En un ejercicio que tiene muy poco de democrático y mucho de totalitario, la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía ha estado acompañada de una movilización de mujeres promovida por el PSOE para protestar ante la sede del Parlamento de esa región. El hecho de que Susana Díaz y varios de sus consejeros, así como algunos miembros de la ejecutiva de su partido, participaran en ese evento, no deja lugar a dudas acerca de la falta de cintura política del socialismo andaluz, tal vez porque se considera a sí mismo depositario del poder popular, más allá de lo que los ciudadanos expresan en las urnas con su voto. O tal vez porque, incluso, estima superfluo ese voto cuando no coincide con sus preferencias. Por eso habría que recordar a sus miembros la reflexión de Italo Calvino: «La ciudad del «homo faber» siempre corre el riesgo de confundir sus instituciones con el fuego secreto sin el que las ciudades no se fundan ni las ruedas de las máquinas se ponen en movimiento».

Pero lo que más me ha llamado la atención en esa movilización izquierdo-feminista es la acusación de «terrorismo machista» que ha surgido de ella para atribuirla al nuevo gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan. Una acusación que obvia el hecho de que el único político condenado en España por agresión a una mujer ha sido, precisamente, un dirigente socialista vasco, muy aficionado, por cierto, a conversar y negociar con terroristas de verdad. Y que también olvida que los crímenes cometidos contra mujeres han sido siempre acciones individuales, condenables, sin duda, pero carentes de cualquier intencionalidad política y, en consecuencia, de cualquier significación de esta misma naturaleza. Dado que el terrorismo es una manera de intervenir en la política mediante el ejercicio de la violencia, es evidente el exceso en el que el izquierdo-feminismo incurre con la referida imputación.

Calificar de «terrorismo» a la violencia de género no es ingenuo, por más que carezca de conexión con la realidad de los hechos, pues a través de esa maniobra lo que se pretende es establecer algún tipo –por el momento, indefinido– de dominación política en el margen del sistema democrático, negando algo esencial para éste como es el principio de igualdad. No se me oculta que, en esta discusión, puede haber muchos matices y que, en todo caso, debe ser tarea del gobierno la prevención de los ataques contra las mujeres y el amparo a sus víctimas. Pero lo que ahora está en juego no es la mejora de este tipo de servicios públicos. Lo que se dirime es delimitar quién tiene derecho a acceder al poder.