No sólo el taxi: ¿cuál es el auténtico conflicto de fondo?

El conflicto entre el taxi y el sector VTC es, en realidad, una expresión más dentro de un conflicto mucho más amplio: el conflicto entre viejos y nuevos modelos de negocio, donde lo nuevo pugna por nacer entre las trabas que le colocan los poderes públicos y lo viejo se resiste a morir cabildeando a tales poderes públicos.

Las nuevas tecnologías de captación y procesamiento de información descentralizada han permitido dar respuesta a un problema que hasta la fecha impedía que la cooperación humana se extendiera a ámbitos mayores: el llamado problema de información asimétrica. Si yo no tengo forma de saber si el conductor de un vehículo, el propietario de un inmueble, el repartidor con una bici o el dueño de una plaza de parking, primero, están disponibles para proporcionarme un servicio que necesito ya y, segundo, si son personas de fiar en cuanto a la calidad y profesionalidad de lo que ofrecen, entonces tenderé a no contratar con ellos para evitar que me den gato por liebre.

En tales casos, las personas sólo contábamos con dos opciones: o confiábamos en algún sistema de acreditación centralizada (por ejemplo, las licencias de taxi expedidas por el Estado) o lo hacíamos en la marca y en el nombre comercial de algunos de esos proveedores (por ejemplo, una cadena de hoteles o una compañía de reparto socialmente reconocidas).

Pero, como digo, las nuevas tecnologías han permitido cambiar enormemente la forma de solventar el problema de la información asimétrica: ahora mismo, contamos con mecanismos de captación y agregación de información descentralizados que habilitan a cualquier usuario a contar con un enorme volumen de información confiable acerca de cualquier proveedor que esté a su alcance: podemos saber si un conductor es fiable y no nos está engañado con la ruta; si el propietario de una vivienda la mantiene en buenas condiciones de seguridad y habitabilidad más allá de las fotografías potencialmente manipuladas que aparezcan en un anuncio; si el ciclista al que le encomendamos un recado lo va a cumplir con diligencia y rapidez; o si una plaza de parking está disponible justo en el instante preciso en que la requerimos.

Todos estos mecanismos permiten nivelar el terreno de juego y, en consecuencia, que muchos más operadores entren en el mercado: no ya unos pocos grandes operadores que devoren a los antiguos, sino muchísimos pequeños operadores (un conductor o un rider autónomo, o el dueño de una sola vivienda o de una sola plaza de parking) que prestan estos servicios apoyándose en plataformas online de captación y tratamiento de datos (por ejemplo, Uber, Airbnb, Glovo o Parkfy).

La irrupción de estos intermediarios que, repetimos, permiten la entrada de muchos nuevos proveedores ha vuelto obsoletos los antiguos modelos de resolución del problema de la asimetría de información: las licencias estatales o las grandes marcas como reclamos reputacionales ya no proporcionan ningún valor añadido.

Por eso, los antiguos (y caducos) modelos de negocio reclaman protección al Estado en forma de nuevas regulaciones que los blinden frente a la fuerte embestida de la competencia: al igual que los hoteles reclaman asfixiar regulatoriamente al piso turístico, los taxistas reclaman expulsar a toda VTC para concentrar en sus manos la totalidad del mercado de alquiler de vehículos con conductor.

Y, a este respecto, lo que inexorablemente debemos decidir es si queremos ser una sociedad abierta al progreso, a la tecnología y al cambio, o una sociedad cerrada, estancada, atrasada y anquilosada. La batalla entre viejos modelos de negocio y nuevos modelos de negocio se está jugando ahora mismo en el tablero del taxi, pero sería ingenuo pensar que las implicaciones más profundas de todo ello quedan contingentadas a este tramo del mercado.

Necesitamos más libertad y más igualdad jurídica, es decir, menos gremialismo y menos privilegio: empecemos por el sector del taxi.