El activismo laboral arraiga en China

Por Victoria Pascual / Hong Kong

Sucedió hace siete meses. Era un viernes pegajoso de verano, en el que la combinación de calor y humedad pesaba en la ciudad de Shenzhen. Aquella jornada, varios trabajadores se levantaron como acostumbraban para ir a trabajar a Jasic Technology, una importante empresa fabricante de maquinaria para soldar que exporta piezas a diferentes partes del globo. Para su sorpresa, al intentar entrar a trabajar les informaron de que habían sido despedidos por montar un sindicato en las semanas previas. Aún así, trataron de ocupar sus puestos de trabajo habituales, a lo que los guardias de seguridad respondieron golpeándoles y expulsándoles de la fábrica. Finalmente, la policía les detuvo.

Sus compañeros, 89 de los cuales habían firmado a favor de establecer ese sindicato, no tardaron en manifestarse con pancartas que rezaban “¡No al despido ilegal, queremos la reincorporación!” o “¡Queremos nuestro propio sindicato!”. Frente a ellos, megáfono en mano, el trabajador Yu Juncong relataba los hechos. “Cuando llegó la policía, nos tiraron a tierra sin mediar un segundo y comenzaron a golpearnos brutalmente. Así es como "investigan" el asunto. No les importamos en absoluto. Y los que cometieron delitos no fueron castigados. ¡Es una discriminación! Trataron a los trabajadores y a la empresa de manera completamente diferente”, gritaba ante una multitud que le secundaba con pasquines rosas y blancos. Con el paso de los días, el caso se fue enredando hasta convertirse en un quebradero de cabeza para Pekín.

En Occidente, se tiende a pensar que en China no hay activismo o movimiento sindical, algo que no es cierto. Según China Labour Bulletin (CLB) -una organización de Hong Kong que promueve y defiende los derechos de los trabajadores en China- en 2018 se registraron un total de 1.701 incidentes, de los que más del 70% ocurrieron en empresas privadas nacionales. La mayoría de las protestas registradas el año pasado (hay muchas otras imposibles de contabilizar debido a la censura), se produjeron a pequeña escala, fueron de corta duración y no pasaron de los 100 participantes. Aún con todo, fueron frecuentes y generalizadas, cubriendo todas las provincias y regiones de China, a excepción del Tíbet. Los tres centros principales de este activismo obrero fueron las provincias de Guangdong, Henan y Jiangsu, las más pobladas y avanzadas. Pero si se compara con hace cinco años, la distribución de las protestas fue más uniforme, ya que por entonces las disputas laborales se concentraron en los centros de fabricación de la costa de China y en Guangdong en particular.

Para Geoff Crothall, director de comunicación del CLB, el denominador común de estas manifestaciones es la ausencia de un sindicato fuerte en el lugar de trabajo que sirva para evitar que las empresas violen las leyes laborales, y que ayude a los trabajadores a mejorar sus salarios y condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva con la gerencia de la compañía. La uniformidad en el campo político, donde solo hay un partido, se extiende al ámbito laboral con tan solo un sindicato: la Federación Nacional de Sindicatos (ACFTU). Esta organización, auspiciada por el Partido Comunista de China (PCCh) cuenta con más de 300 millones de miembros, pero en la práctica “sirve a los intereses de las autoridades y no a los de los trabajadores”, asegura Crothall. Esta agrupación funciona con sindicatos regionales afines a cuyos representantes eligen ellos mismos, sin contar con todos los trabajadores de la empresa. Esto, sumado a que en el país comunista no existe el derecho a la huelga -aunque en el pasado sí se reconociera en la ley- ha hecho que se llegue a hablar del “no sindicalismo”, como explicó hacer un par de años el histórico dirigente de CCOO, Isidor Boix, a su vuelta de visitar varias fábricas en la provincia de Guangdong.

No cabe duda de que hay cosas que han mejorado, como el aumento de los salarios mínimos, la seguridad y limpieza en el trabajo, el pago de las horas extra o hasta el menú en las cantinas, pero a nivel sindical queda mucho camino por recorrer. En 2015, un informe de la Confederación Sindical Internacional de Bruselas sacó a la luz casos de amenazas y ataques a aquellos trabajadores que se manifestaban. El documento incidía en que “los abusos a gran escala se explican por el hecho de que no hay un reconocimiento explícito del derecho a la huelga. Por lo tanto, a menudo son tratados como problemas de seguridad pública".

Ese parece haber sido el caso de Jasic. Los trabajadores, hartos de que les trataran “como esclavos”, acudieron a la ACFTU para que les guiara en el proceso de creación de un sindicato independiente con el que poder mejorar sus condiciones laborales. Pero tras ayudarles en un primer momento, la federación dio un giro de última hora y, en virtud de un deber especificado por la Ley de Sindicatos, afirmó que era ilegal. La firma también denunció el intento de sindicalización y despidió a los representantes de los obreros en represalia. De ahí el gran enfado de los obreros, que buscaron el amparo de la ley y el gobierno les dio con la puerta en las narices mostrando la arbitrariedad de un sistema que se protege a capa y espada de las organizaciones independientes y del posible efecto contagio.

Precisamente, la disputa de Jasic, que a finales de julio ya había metido entre rejas a 30 personas, se ganó unos inesperados compañeros de viaje que hicieron aún más incómodo el caso para las autoridades chinas. Se trató de un grupo de estudiantes universitarios de izquierdas y viejos simpatizantes de Mao que se solidarizaron con los trabajadores de Jasic y acudieron en su apoyo hasta Shenzhen. Su movilización fue sonada. Con camisetas bordadas y pancartas en alto en las que se leía “seremos siempre buenos estudiantes de Mao” salieron a manifestarse por las calles, donde filmaron y distribuyeron sus discursos, toda una afrenta para Pekín.

No cejaron en su empeño y crearon una página web que pronto fue censurada al igual que una carta abierta escrita a Xi, en la que defendían su postura y negaban ser una fuerza extranjera. Pero nada, todas sus acciones recibieron la misma respuesta: censura y arrestos. En agosto, cincuenta de ellos fueron detenidos en una de sus movilizaciones y este mes de enero, Pekín emprendió una campaña en la que detuvo al menos a cinco activistas por supuestamente "alterar el orden público" en lo que pareció ser una represión coordinada contra el activismo laboral. “Claramente, las autoridades en Shenzhen se están poniendo muy nerviosas y reaccionan de la única manera que saben”, dijo Crothall al respecto.

Lo irónico de esta situación es que su posición y la de las autoridades deberían estar alineadas pero según señala Eric Fish, autor del libro China's Millenials: The Want Generation, “el marxismo que el PCCh enseña en las escuelas no es el verdadero: está seleccionado y reinterpretado para adaptarlo a sus propios fines”. Por todo ello, la protesta de Jasic se ha convertido en un potencial catalizador de una nueva etapa en el movimiento de trabajadores en China, en el que los sindicatos deberían jugar un papel clave. Así lo explicaba el escritor de Hong Kong, Au Loong Yu, en el último número de Made in China: "El caso Jasic nos recuerda que la situación está cambiando, que más trabajadores ahora quieren que se escuchen sus voces, y que un debate sobre todos estos temas es cada vez más urgente ".

Son muchos los analistas que aseguran que el hecho de que la economía china esté creciendo a su ritmo más lento de las últimas tres décadas ha favorecido esta situación. Para ellos, los trabajadores chinos están realizando protestas y huelgas a pequeña escala con la intención de combatir los esfuerzos de las empresas por retener las compensaciones y reducir las horas. Esas manifestaciones son un claro ejemplo de los desafíos que la desaceleración económica representa para el principal líder de China, Xi Jinping, que siempre ha promovido su peculiar visión de una mayor riqueza y una sociedad más justa conocida como “el sueño chino”. Conscientes de lo que está en juego, Crothall declaró a LA RAZÓN que se han llevado a cabo esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo “ya que el Gobierno y el Partido saben que si no pueden cumplir la promesa del sueño chino dando a la gente común un nivel de vida decente y una vida razonable, a legitimidad del PCCh se verá amenazada”.

Por eso, la mayoría de expertos afirma que antes o después Pekín deberá tomar cartas en el asunto y buscar alternativas ante una situación que puede suponer, como ellos definen, un grave problema de “seguridad pública”. "China debe respetar a los trabajadores y a los defensores de la libertad de expresión, y también a la demanda de los trabajadores de Jasic, que es la libertad de asociación", declaró en su cuenta de Twitter el investigador de Amnistía Internacional, Patrick Poon.

Las previsiones no son nada halagüeñas. Según el informe anual de CLB que desgrana los datos conocidos de estas disputas, se espera que la proporción de protestas y huelgas en el sector manufacturero aumente a medida que la economía se desacelere y el sector se contraiga como lo lleva haciendo en los últimos cinco años, en los que el cierre de fábricas, la falta de pagos de los salarios o las reubicaciones han estado a la orden del día. La disminución de venta en las propiedades que experimenta la segunda economía del planeta también supondrá un varapalo para el sector de la construcción, el más afectado de 2018 con un 45% de todos los incidentes registrados.

La experta en relaciones laborales en China, Sungmin Rho lo tiene claro. "La desaceleración económica está llevando de manera temporal al incremento de las huelgas” y Pekín es consciente. “El Estado entiende que es un momento muy difícil, así que permite que los trabajadores vayan a protestar a nivel individual contra una empresa, por ejemplo, pero en los casos de movilización entre regiones u organizaciones han aumentado e intensificado su represión”, afirmó por teléfono a LA RAZÓN. La semana pasada el primer ministro Li Keqiang ya dijo en la apertura de la Asamblea Nacional Popular que el país ha tomado nota del descontento de los trabajadores que ven sus empleos desaparecer o temen perderlos por debido al traslado o cierre de las fábricas. Para atajar ese problema, prometió “una política de empleo como primera prioridad”, con el reciclaje de quince millones de trabajadores menos cualificados y la creación de once millones de empleos urbanos.