Plata por plomo: Así quiere acabar México con las armas ilegales

Daniel Blanco Esteban / Ciudad de México 

Una mujer joven, cabello largo, chaqueta azul, llega al puesto de policía, se sienta, abre su bolso y saca una pistola. Es mediodía y nadie se alarma, se la entrega a los agentes al otro lado de la mesa y a cambio recibe unos billetes. En el intercambio no hay nombres y tampoco preguntas comprometedoras sobre el origen o el hipotético uso. Los policías se la pasan a los militares que esperan al lado y en el acto la destruyen con una sierra eléctrica. A lo largo del día la escena se repetirá varias veces porque las autoridades de la capital mexicana han puesto en marcha un operativo para sacar las armas de la calle. Además de dinero ofrecen la garantía de que no habrá investigaciones.  

A pesar de que en México las leyes de posesión de armas son muy restrictivas, hay cientos de miles circulando por el país y es fácil hacerse con una en el mercado negro. En la capital, Ciudad de México, donde la criminalidad está disparada, el 80% de los homicidios se comete con armas de fuego, así que el gobierno local ha decidido apostar a la colaboración ciudadana para retirar de la circulación al menos una fracción. 

El programa “Sí al desarme, sí a la paz” ya ha canjeado 1.568 unidades entre armas cortas, largas y granadas de mano en poco más de dos meses. Los módulos de recogida se irán instalando en distintos puntos de la ciudad y para finales de año aspiran a superar las 5.000. Las cantidades que ofrecen son bajas, aunque varían en función de las características y el estado de la pieza. A la chica del pelo liso le han entregado 120 pesos, poco más de 5 euros. 

Son cifras muy modestas si se tiene en cuenta que cada año entran desde Estados Unidos entre 144.000 y 213.000 armas, según sendos datos de Naciones Unidas y del Center for American Progress, organización estadounidense que investiga sobre políticas públicas.  

“Si esto sirve para salvar una sola vida habrá merecido la pena”, señala a La Razón Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y responsable del proyecto, que está encaminado a “evitar los accidentes en los hogares y las riñas con resultados fatales.” Consciente del alcance limitado de la acción, Icela, del mismo partido que el presidente Andrés Manuel López Obrador (Morena), apunta que este programa “debería realizarse en todo el país” y para que funcione es necesario “tocar las puertas de las casas y convencer a la gente de que es mejor entregar las armas”.  

Esta mañana en la apertura del módulo de Xochimilco, al sur de la Ciudad, el acto es solemne y están presentes todos los poderes de la nación. Además del gobierno local, la policía y el ejército, han acudido representantes de la fiscalía y el poder judicial. También la iglesia, que juega un papel fundamental en el proceso. De hecho todos los puntos de entrega se colocan junto a parroquias, señal de la influencia y la confianza que la institución mantiene en la sociedad mexicana.  

El acto tiene un extraño ambiente festivo ya que en paralelo a la entrega de armas reales se ha invitado a que los niños del barrio acudan a canjear sus rifles de plástico y pistolas de agua por pelotas y muñecos. Armas y juguetes, chiquillos correteando junto a militares con fusil. 

Más allá del éxito del programa, México seguirá siendo un país inundando de armas a pesar de lo complicado de conseguir una por la vía legal. En todo el país solo existe una tienda oficial, la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones administrada por el ejército. El acceso es muy restringido, más aún para la prensa, y el trámite para comprar una pistola puede durar meses entre papeleo y comprobación de antecedentes. México permite el porte de armas, pero en casos excepcionales. El ambiente de extrema cautela, registros y permisos que proyecta la instalación militar es una ilusión. Hoy en día es fácil encontrarlas en mercados populares del Centro Histórico, Iztapalapa o Gustavo A. Madero, según reconoce el propio gobierno local, que invoca la ayuda de los ciudadanos para localizarlas y requisarlas. Son mercados ilegales camuflados dentro de mercados legales. 

El pasado revolucionario del país dejó muchas armas en los cajones de las casas y actualmente la proximidad con Estados Unidos, donde las leyes de venta y posesión son permisivas, hace que el flujo hacia México sea masivo. Muchas van a parar a manos del crimen organizado y contribuyen a los insoportables niveles de violencia que registra el país. 

Según el mismo estudio del Center for American Progress entre 2011 y 2016, por lo menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos se utilizaron en delitos perpetrados en México y más de la mitad fueron adquiridas legalmente en tiendas de Estados Unidos. El pasado año 2018 fue el más violento desde que hay estadísticas con 34.202 homicidios, un 15% más que un año antes. En España hubo 289. 

Esta semana en una de sus conferencias de prensa mañaneras el presidente López Obrador contó que estaba trabajando en una propuesta al gobierno estadounidense de Donald Trump para reducir el tráfico ilegal de armas. Sin embargo, puntualizó que este no era el momento de plantearla debido al “diferendo sobre la frontera”. Se refería López Obrador a las permanentes amenazas del presidente republicano de cerrar la frontera si México no detiene el tráfico de migrantes y drogas hacia el norte.  

 “No queremos ahora señalar el tema, pero es indudable que tiene   
que haber un mayor control sobre la venta de armas del lado de Estados   
Unidos. Hay mucho tráfico de armas hacia México, incluso hay   
datos que indican que están vendiendo más que antes las armerías ubicadas en la  frontera del lado estadounidense.”, declaró López Obrador. 

No es el primer político mexicano que plantea algo similar, ni tampoco el primero en ser ignorado en Washington. Felipe Calderón, presidente entre 2006 y 2012, incluso colocó un enorme cartel en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez en el que podía leerse “No more weapons” (No más armas). Las letras estaban construidas con restos de armamento incautado por la autoridad mexicana y era visible desde el lado texano.  

Muchos analistas señalan que México no tiene capacidad para influir en el tema armamentístico y lo señalan como una batalla perdida, aunque también hay voces que abogan por convertirlo en tema prioritario de la relación bilateral. Es el caso de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, organización dedicada al estudio del delito en México, que se expresa con claridad a este medio: “Del mismo modo que a  México se le exige el control de la migración y las drogas, Estados Unidos es responsable de que no lleguen armas a la frontera y eso no está sucediendo”. Señala que la situación ha empeorado en los últimos años por los vínculos del actual presidente con la industria armamentística.  “En la administración de Trump apagaron los arcos de seguridad que hay a lo largo de la frontera. Cuando cruzas de Estados Unidos a México hay ciertos arcos que detectaban posibles armas en los vehículos; como nosotros de este lado tenemos un sistema para pesar los carros y ver si traes a personas escondidas. Evidentemente hay un interés político detrás”, denuncia. 

Para Rivas, programas como “Sí al desarme” son muy positivos pero no sirven para eliminar las armas ilícitas. La estrategia debe ser federal y México tiene capacidad si pone sobre la mesa los planes y programas para combatir drogas y personas. “Si juegas con eso, tienes la capacidad” aunque por el momento México no lo ha hecho. “Enfrentarse con Estados Unidos no es algo que gusta, pero es necesario.”