Indultos

Tal como están las cosas en el cotarro político, no me cabe la menor duda de que vamos a oír hablar mucho de indultos. El asunto ha ido coleando últimamente, pero ahora el juicio del «procés» ha quedado visto para sentencia y ésta se publicará en unos meses. Además, después de ella, viene una retahíla de causas judiciales sobre los personajes secundarios que acabará llenando la nómina de candidatos al perdón regio. Dejemos de lado que los indultos son, como dejó escrito Immanuel Kant, «la suma injusticia contra los súbditos», que revelan la renuncia a resolver los conflictos mediante la aplicación del Derecho y que, incluso, como señaló Sandrine Lefranc, «podrían ser un fermento de la destrucción del orden jurídico». Y vayamos a su aplicación práctica en España.

Una reciente investigación de los profesores José Abreu y Juan Luís Jiménez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha mostrado varios aspectos interesantes tras el análisis de los indultos otorgados durante los últimos veinte años. Lo primero es la proclividad a perdonar una parte mayor de la condena a los penados cuya sentencia es más duradera, excepto cuando lo han sido por delitos muy graves y múltiples. Pero también es verdad que los políticos juegan con ventaja, pues la probabilidad de que les indulte es mayor. Lo segundo, que la izquierda es, posiblemente, más indulgente que la derecha, aunque en nuestro caso el PP indultó más que el PSOE porque le tocó sacar de la cárcel a los insumisos del servicio militar y, además, aplicar los perdones solicitados por Juan Pablo II cuando vino a España. Pero, en todo caso, hay que contar con que no haya elecciones cerca, porque entonces es menos probable que se otorgue el perdón. Y lo tercero, que la reducción de pena es mayor si lo solicita una Cofradía y menor si quien la insta es la junta de tratamiento de la cárcel.

A la vista de esto, quién sabe si los políticos catalanes presos se pensarán ingresar en una Cofradía, tratarán de que no les manden a cárceles catalanas –no vaya a ser que sean sus funcionarios los que soliciten el indulto–, procurarán que Sánchez siga en el gobierno, huyendo de unas nuevas elecciones como de la peste, y presionarán para que el Papa Francisco venga a España, en 2021, a conmemorar el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Todo puede ser, aunque me temo que, si les sueltan pronto, volverán a las andadas porque, para ellos, no hay «razones de justicia, equidad o utilidad pública» que avalen la aplicación de la Ley de 18 de junio 1870.