Compraventa de hijos

Ciudadanos ha presentado por segunda vez en el Congreso una proposición de ley para regular los vientres de alquiler. En esta ocasión incluye la posibilidad de que las embarazadas sean parientes de los solicitantes. Es humillante este intento de reducir a las mujeres a vasijas o incubadoras. Ni nosotras ni nuestros embarazos nos merecemos este insulto. Por no hablar de la compraventa a la que se somete al bebé.

Aunque en algunos países europeos como Reino Unido, Grecia o Portugal la llamada eufemísticamente «maternidad subrogada» ha sido regulada con restricciones, en la gran mayoría de los estados europeos está prohibida. La madre de alquiler está expresamente vetada por ley en Alemania, Francia, Austria, Estonia, Finlandia, Islandia o Moldavia. En otros muchos países no está regulada, pero no se practica. El Parlamento Europeo pidió su prohibición general en una resolución aprobada en 2015.

En realidad, el alquiler de vientre sólo está completamente disponible en Canadá y en 7 de los 52 estados de los EEUU, que la permiten también a extranjeros, sean hetero u homosexuales. La máxima «oferta» para heterosexuales la hacen tres países del Este: Ucrania, Rusia y Georgia. Merece la pena echar un vistazo a los contratos para percibir el grado de aberración del que estamos hablando. De acuerdo con una de las empresas que más parejas españolas han utilizado, «Fertility Solutions Agency» –presente en Ucrania, pero también en California– se prohíbe a la gestante, desde el momento de la fecundación, «mantener relaciones sexuales, abandonar sin permiso su lugar de residencia, bañarse en el mar, teñirse el pelo o tener gato». A partir del séptimo mes se la ingresa en un recinto de la agencia de reproducción y, si se niega a implementar cualquiera de las partes del contrato, se la penaliza con el 200 por 100 del dinero recibido en la transacción (unos 10.000 euros en un país donde se ganan 100 mensuales). También deberá devolver la totalidad del dinero recibido si, en caso de que los padres subrogados deseen acabar con el embarazo, se negase al aborto.

El proyecto que presenta Ciudadanos pretende que los vientres de alquiler sean altruistas y que a las mujeres sólo se les compense por los gastos. Puede que una madre o una hermana hagan eso, pero ¿de verdad se cree alguien que un embarazo, que tan altos costes tiene en términos físicos para la gestante, va a ser un acto desinteresado?

Los contratos ucranianos son la expresión de una práctica sin entrañas en la que se definen dos clases sociales: la mujer o el hombre que compran hijos y las que los gestan a demanda, por razones económicas y sociales. Al estilo de la terrible historia de Margaret Atwood. No podemos contribuir a esta terrible mentalidad.