Una sentencia justa. ¡Adiós, ‘Procés’… Adiós!

Tras

semanas, meses, de espera, por fin la tenemos delante. El Tribunal

Supremo ha hecho pública ya su sentencia contra los políticos

presos por su participación en el llamado 'procés' y en los

gravísimos hechos acaecidos en el parlament de Cataluña el pasado

mes de septiembre de 2017, que devinieron en una fantasmal y

surrealista declaración unilateral de independencia, con minúsculas,

llamada DUI.

La

sentencia, aunque a algunos les pueda parecer una obviedad, no es ni

'dura' ni 'blanda'. Es justa. No la detallaré; todos ya la

conocen. 13 años para Oriol Junqueras, 12 para Raúl

Romeva, 12 para Jordi Turull, 12 para Dolors Bassa, 11 para Carme

Forcadell, 10 años

y seis meses para Forn y Rull y 9 años

para Sánchez

y Cuixart. A Junqueras y a Romeva se les aplica además el tipo

delictivo de malversación de caudales, por destinar partidas de la

Generalitat a un referéndum

que era ilegal. Impecable,

Una

sentencia que hiere de muerte la quimera independentista

Lo primero que hay que destacar, como obvia conclusión para quienes creemos en el Estado de Derecho y en la Justicia es que el fallo judicial no es ''un ataque a la democracia', como he escuchado de labios de algunos dirigentes independentistas en la mañana del lunes. No, no lo es. La sentencia SÍ es la constatación de un fracaso de la pantomima independentista y del presunto reconocimiento de una virtual república catalana -con minúsculas- que ni los propios líderes de este 'procés' se creían. Lo perverso es que consiguieran engañar y arrastrar en su manipuladora locura a más de dos millones de catalanes que creyeron que aquellos que reconocían como sus 'líderes' les decían la verdad. Aún recuerdo con bochorno aquellas declaraciones de hace algunos años en las que los dirigentes independentistas prometían a 'su pueblo' que cuando la república catalana llegara 'comerían helado de postre todos los días'. No me lo invento. Está en las hemerotecas. 

¿Sedición?

¿Rebelión?

Los magistrados, han hablado. Solo cabe respeto.

Se

ha criticado, y este es uno de los ejes del debate, el reconocimiento

del delito de sedición, pero no el de rebelión. Nuca llueve a gusto

de todos y el fallo judicial podría haber sido más duro. Juristas

hay, como mi buen amigo Edmundo Bal, que argumentan que sí hubo

violencia y que esta fue continuada y con el claro ánimo de declarar

la independencia; que los sucesos de aquellos días aciagos de

septiembre de 2017 no fueron 'episodios aislados', ni altercados

puntuales. A Edmundo Bal le costó su remoción como representante de

la Abogacía del Estado en los primeros compases de la instrucción.

Esta institución

pasó,

desde ese momento, a defender la tesis que finalmente a triunfado. La

Fiscalía, representada por el solvente Javier Zaragoza, sí continuó

adelante en la defensa de que además de la citada sedición hubo

rebelión, pero su tesis no ha sido tenida en cuenta. Me cuentan que

hay ahora un cierto malestar en el seno del Ministerio Público y

que, con toda seguridad, recurrirán la sentencia. Están en su

derecho.

Ni

indultos ni mucho menos amnistía

Conocida

ya la decisión del Tribunal presidido por Manuel Llarena, se abren

ahora, como en flecos, varios debates no menos substanciales. Uno de

ellos tiene que ver con los ya 'manoseados' indultos. Mi intuición y

mis fuentes señalan que no habrá nunca tal cosa. La sentencia está

perfectamente ajustada y calibrada y, a expensas de los recursos

pertinentes, se cumplirá con arreglo a derecho. Así lo ha aclarado

el propio presidente del Gobierno, y pocas dudas pueden quedar. Que

nadie olvide que el indulto no es una medida jurídica sino política;

una medida de gracia que no otorga tribunal alguno sino el Consejo de

Ministros. Y desde luego, este no va a ser el caso en el que lo haga.

Mucho menos la amnistía que también piden ya algunos; la amnistía

está prohibida en términos generales por nuestra Constitución.

Se aplicó

en una sola ocasión:

en 1977. Punto y final. En cualquier caso, por cerrar esta parte del

debate, los propios condenados ya han reiterado por activa y por

pasiva que no solicitarán

el indulto, con lo que poco más hay que añadir.

Otro

debate, no menor, es el de los derechos penitenciarios. El Tribunal

Supremo ya ha dejado claro que estos no se recortarán. Los

condenados no tendrán

trato de favor ni tampoco sufrirán

un cierto 'ensañamiento' por parte del 'Sistema' contra ellos.

No

entraré a valorar las críticas de muchos a los que no les ha

gustado tampoco una presunta mezcla, que yo no aprecio en el texto,

por parte de Marchena, del argumentario jurídico con presuposiciones

políticas. La sentencia está ahí,

está bien fundamentada, y hay que respetarla y aplicarla.

Reacciones

políticas muy medidas. Un tono institucional impecable

En su comparecencia de media mañana, el presidente del gobierno se mostraba firme y comedido. La sedición como figura, y no la rebelión, viene bien al ejecutivo. 

Su

pequeña intervención

en inglés,

para no descuidar el flanco internacional, al contrario de lo que por

pereza y desidia hicieron Rajoy y sus ministros, viene a corregir uno

de los tradicionales hándicaps del ejecutivo central frente a la

propaganda independentista. No puede ser que un solo Estado

extranjero, o parte de su opinión

pública

y de sus medios de comunicación, sigan considerando a Cataluña como

un territorio oprimido 

La

oposición constitucionalista ha estado en su sitio, y como no podía

ser de otra manera, ha cerrado filas en este espinoso asunto con

Pedro Sánchez. El primero en comparecer, inmediatamente después del

presidente, ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

'En

España no se juzgan ideas, se juzgan delitos y a delincuentes', ha

remarcado. ‘Los héroes de todo esto’, continuaba Rivera, son

‘Los que han sido señalados en su trabajo... no están solos y no

olvidamos lo que han hecho en defensa de la democracia... hasta en el

último pueblo de Girona o Lleida'. 

En

la misma línea, Pablo Casado, líder de la oposición,

señalaba

que 'No se han juzgado ideas políticas sino graves violaciones de la

ley y del orden público y constitucional'. Ya durante los actos

del Día de la Hispanidad, Casado dijo en un aparte al presidente del

Gobierno: ‘Haz lo que tengas que hacer’. Impecable posición

de ambos.

Opinión

aparte merece la posición, siempre vidriosa de un, cada vez más

descolocado, líder

de Podemos, Pablo Iglesias, que en un tuit subido a la red a primera

hora del lunes en el que comparaba la actual situación con los

indultos al exministro José Barrionuevo y al exsecretario de Estado

Rafael Vera, a los que tildaba de terroristas, y citaba incluso al

golpista Tejero Molina, para el que el Tribunal Supremo llegó

también a pedir el indulto. Esta es la principal razón,

añadiré

yo, por la que Sánchez no quería a Iglesias en el ejecutivo. Ahora

se entiende todo.

¡Calma,

por favor!

A

la hora en la que escribo estas líneas se han producido ya algunos

incidentes de cierta gravedad en el aeropuerto de El Prat y en

algunas vías y carreteras catalanas. La policía ha detenido a más

de 13 personas. Esperemos que los incidentes no vayan a más y se

calmen los primeros hervores de los sectores más radicales cuanto

antes.

No

quiero dejar de referirme para terminar a las vergonzosas

filtraciones de la sentencia, desde la misma fuente probablemente a

varios medios de comunicación

de diferente signo. Sé

de primer mano que el juez Marchena estaba muy disgustado. Y lo

entiendo.

Si

se demostrara que la sentencia, además de conocerla los propios

magistrados del Supremo y algunos funcionarios, muy pocos, que la han

manejado por obvias razones de su trabajo, estaríamos ante un hecho

muy grave que arroja una tremenda sombra sobre la credibilidad del

Estado de Derecho. ¿Por qué desde días antes se dijo alegremente

desde algunas instancias que el fallo contentaría a todos? ¿Cuánta

ligereza!

Esperaremos acontecimientos, pero expreso mi deseo de que las aguas puedan volver poco a poco a su cauce y se restablezca la normalidad y el cumplimiento de la ley. Por el bien de TODOS los catalanes y también del resto de los españoles.