Podemos y una deuda pública disparada

La deuda pública española se mantiene por las nubes: el 97,7% del PIB a cierre del tercer trimestre de este año, a saber, 1,2 billones de euros. La cifra no se reduce ni en términos absolutos ni en términos relativos: permanece atascada en unos niveles próximos a la totalidad de nuestro PIB que, además, aumentan a un ritmo análogo al que lo hace éste. En sí mismo, que hayamos sido incapaces de disminuir nuestra carga financiera ya debería constituir un motivo de preocupación. Si tras haber encadenado un ritmo de fuerte crecimiento económico no hemos podido sanear de raíz nuestra situación financiera (reconduciendo el peso de nuestros pasivos a un volumen más razonable y sostenible), ¿cuándo procederemos a hacerlo? Durante las recesiones, la tendencia de cualquier economía suele ser más bien la opuesta: no a que la deuda mengüe, sino a que se expanda. Por consiguiente, si durante las crisis aumentamos nuestro endeudamiento, durante las expansiones lo consolidamos y durante las nuevas crisis lo volvemos a aumentar, poco a poco iremos transitando hacia la senda de la insolvencia. Pero ahora mismo el problema de España ya no es sólo ése, sino que la futura coalición de gobierno socialcomunista apuesta por un fortísimo incremento del gasto público que no va a poder sufragar mediante nuevos impuestos. Apuesta (aunque no lo proclame abiertamente) por endeudar en mayor medida a los ciudadanos. Que el PSOE, presionado por Podemos, pueda plantearse multiplicar el presupuesto en un contexto de desaceleración y de deuda pública elevada constituye una manifiesta irresponsabilidad. Si después de aumentar los desembolsos estatales llegara una recesión, los ingresos se hundirían y algunos gastos (como las prestaciones de desempleo) se incrementarían todavía más, de modo que nuestro déficit podría fácilmente regresar al entorno del 6 o 7% del PIB, provocando consecuentemente un estallido de nuestra deuda pública. Algunos economistas de Podemos gustan de afirmar que no deberíamos preocuparnos demasiado por los actuales niveles de deuda, dado que un aumento del gasto público contribuiría a incrementar el PIB a través del mágico «efecto multiplicador» y, como resultado, el peso de la deuda pública sobre el PIB se moderaría. Semejante argumento, empero, tiene más de ciencia ficción que de realidad: en coyunturas de incertidumbre financiera (como la que sufriría España si el Ejecutivo volviera a endeudarse de un modo muy agresivo en medio de una recesión), el gasto público no multiplica la actividad, sino que la divide. Si los inversores huyen despavoridos de nuestro país ante el riesgo de colapso por nuestro sobreendeudamiento, gastar más sólo nos acercará más rápido a ese colapso. Por eso, mientras la deuda pública se mantenga en los muy altos niveles actuales, no deberíamos estar pensando en nuevas políticas expansivas del gasto, sino en cómo logramos cuadrar las cuentas para sanear nuestra posición financiera. PSOE y Podemos han suscrito un acuerdo de gobierno en el que hablan de su compromiso con el equilibrio presupuestario, pero para ello ambos partidos deberían renunciar a la mayor parte de sus programas electorales.