Desestabilizar las democracias

Al parecer la Audiencia Nacional está investigando las presuntas injerencias de espías rusos en las actividades llevadas a cabo en Cataluña durante el «procés». No es la primera vez que se atisba la mano de Rusia tras movimientos desestabilizadores en diferentes países, especialmente ante procesos políticos complejos o convocatorias electorales.

La injerencia rusa hasta ahora se había producido principalmente a través de intervenciones cibernéticas en esa guerra híbrida que desde hace tiempo despliega aquel país. A pesar de las múltiples evidencias, las autoridades rusas siempre han negado la vinculación directa de su gobierno con esas actividades o con las personas que las desarrollan. El activismo ruso en la red ha provocado múltiples investigaciones en diferentes países. La trama rusa y su intervención en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 quedó acreditada en el informe Mueller, y actualmente el Departamento de Justicia tiene abierta una investigación criminal al respeto. El Parlamento británico investigó la intervención de bots rusos durante el referéndum que acabó con el triunfo de los partidarios del Brexit. Y desde hace tiempo se habla la existencia de interferencias de elementos de aquel país en el «procés», especialmente coincidiendo con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Campañas de desinformación, fake news, granjas de robots para intervenir en internet, perfiles falsos en redes sociales o actuaciones de medios como RT o Sputnik, que reciben ayudas económicas del gobierno ruso, forman parte de las técnicas para entrometerse en crisis políticas, procesos electorales o situaciones de inestabilidad institucional.

Hasta ahora las autoridades españolas, tanto del actual como del anterior Gobierno, no han mostrado públicamente demasiada preocupación por la cuestión. La prueba de ello es que responsables de diferentes departamentos comparecieron en la ponencia sobre ciberseguridad creada en el Congreso de los Diputados, sin que ninguno se atreviese a negar o a afirmar con claridad la existencia de estas prácticas. Es normal la prudencia y la diplomacia con la que representantes gubernamentales han querido actuar, pero ante las crecientes evidencias de esas intervenciones, es obligatorio investigar a fondo actuaciones que afectan a la soberanía, la confiabilidad y la transparencia de los procesos democráticos o que suponen maniobras de desestabilización. La obligación de los gobiernos es defender a las democracias de los enemigos que las quieren debilitar.