Más regulaciones, menos empresas

Aprobar una regulación estatal implica obligar a los agentes económicos a que modifiquen su comportamiento. Es decir, a que renuncien a beneficios que podrían haber cosechado o a que asuman costes que podrían haberse evitado. Supone empujar a los ciudadanos a que tomen decisiones ineficientes. Por desgracia, a lo largo de las últimas décadas, todos los principales países desarrollados han multiplicado la cantidad de normativas que pesan sobre los ciudadanos, condenando a sus economías a ser mucho menos eficientes de lo que podrían haber sido. España no es una excepción a este proceso. Según el Banco de España, nuestro país ha multiplicado el volumen anual de nuevas regulaciones durante los últimos 40 años. En 2018, las Administraciones Públicas aprobaron 11.737 nuevas normas (casi cuatro veces más de las 3.012 de 1979), que ocuparon 790.513 páginas del Boletín Oficial del Estado y de los boletines autonómicos. Acaso algunos crean que semejante salto normativo se ha debido a la implantación de la democracia o de las autonomías, pero eso no lo explica todo. En 1995, ya en plena democracia y Estado autonómico, se aprobaron 7.918 nuevas normas. por lo que la trayectoria ha sido continuamente al alza. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de semejante diarrea legislativa? Por cada aumento del 1% en el número de normas, la cantidad de empresas se reduce un 0,05%. Más regulaciones, menos empresas. Ahora bien, esta minoración de la cantidad de empresas no afecta a todos los modelos mercantiles por igual. Por una parte, las sociedades de responsabilidad limitada (SL) se reducen un 0,12% por cada punto de incremento del volumen regulatorio; por otro, las personas físicas que efectúan una actividad empresarial se incrementan un 0,06% por cada punto de nuevas normativas. ¿A qué se debe semejante asimetría? Probablemente a que la dispersión de tantísimas leyes (entre los muy diversos niveles administrativos de nuestro país) dificulta que las empresas puedan coger escala (los costes de cumplir con regulaciones regionales muy heterogéneas se vuelven muy altos) y, por consiguiente, tiende a atomizarlas. El problema es que las grandes empresas son, por lo general, más productivas (y pagan mejores salarios) que las pequeñas, de modo que parcelar la demografía empresarial nos estaría conduciendo a ser un país más pobre. Necesitamos revertir las tendencias de los últimos años: en lugar de continuar aumentando el número de regulaciones, debemos comenzar a reducirlo. Frente a la hiperinflación legislativa, deflación legislativa: pocas normas, que sean simples, claras y de fácil cumplimiento. Es dentro de ese marco donde puede florecer una economía próspera.