Este Gobierno siempre busca culpables

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez in Brussels
Pedro Sánchez junto al presidente del Consejo Europeo Charles MichelJOHN THYS / POOLEFE

Una vez más, confrontado a un problema de fondo, el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, ha seguido su línea de defensa habitual, que no es otra que la de echar balones fuera y buscar un culpable exterior, que sea creíble para una opinión pública poco informada. Así, tras la malvada Banca y los crueles propietarios de pisos, le ha tocado el turno a las grandes superficies de la distribución de ejercer el papel de chivo expiatorio de las graves disfunciones del agro español. Y, una vez más, la campaña se hace a múltiples voces, como una orquesta bien afinada, si bien, en esta ocasión, el papel de solista le ha tocado al propio jefe del Ejecutivo. Pero no hay tal. Como hoy publica LA RAZÓN, el 80 por ciento de la producción agraria española se destina a la exportación, y del 20 por ciento restante, solo un magro 7 por ciento se comercializa a través de los grandes supermercados. Parece, pues, injustificado cargar la mano sobre un sector que, además, aporta valor añadido a los productos agropecuarios en los procesos de transformación, envasado y transporte. Sin negar que puedan existir malas prácticas comerciales en un ramo sometido, por otra parte, a una feroz competencia, éstas quedarían en la mera anécdota frente a los verdaderos condicionantes del campo español, comenzando por la multiplicidad de legislaciones autonómicas de todo tipo, que amén de fragmentar arbitrariamente el territorio, dificultan la concentración de las empresas agrarias y, por lo tanto, reducen la capacidad de los productores para negociar los precios. Por no hablar del poco airoso papel de este Gobierno frente a las cotidianas campañas de descrédito que sufren los productos agrarios españoles desde el exterior o frente a la competencia desleal de terceros países, que realizan exportaciones masivas sin tener que cumplir las exigentes normas fitosanitarias de la Unión Europea y que, además, pagan sueldos de mercado muy inferiores. Que nuestra agricultura se utilice como moneda de cambio para que otros sectores industriales y manufactureros europeos, con mayor valor añadido, vean abrirse nuevos mercados es, cuando menos, desalentador y debería convertirse en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo en sus relaciones con Bruselas. Por supuesto, no queremos absolver de toda responsabilidad a nuestros agricultores que, en demasiadas ocasiones, se han dejado seducir por la vías fáciles de las ayudas comunitarias y que, a nuestro juicio, se equivocan al proponer una regulación de precios que las normas de libre competencia hace imposible, pero sí recalcar que hablamos de una industria que ha llevado a cabo una de las mayores transiciones tecnológicas de nuestra historia reciente y que es uno de los referentes de los sectores exportadores, con más de 14.000 millones de euros en el ejercicio anterior. De ahí, que en lugar de buscar culpables, el Gobierno de coalición debería aportar soluciones o, por lo menos, si no es capaz, dejar de abrumar a los agricultores con mayores cargas económicas, como la subida del SMI, o fiscales, por más que se camuflen bajo la defensa del medio ambiente. Porque la otra vía, la que pretende que sean los consumidores los que exclusivamente paguen de su bolsillo los incrementos de los costes de producción, se antojará fácil, pero presenta algunas dificultades insalvables, comenzando por la inevitable reducción del consumo interno. El campo español, como venimos señalando, necesita el apoyo institucional para que mejore los medios de producción, se anime a la necesaria concentración empresarial y tenga medios de defensa frente a las arbitrariedades arancelarias de otras potencias. Pero lo que se le ofrece son más impuestos, eso sí, envueltos en buenas palabras.