Despolitizar la Justicia

Por alusiones. El pasado miércoles Edmundo Bal, del grupo parlamentario de Ciudadanos, interpelaba al ministro de Justicia Juan Carlos Campo sobré qué medidas iba a adoptar el Gobierno para la despolitización de los órganos constitucionales. Una buena amiga, la diputada Lourdes Méndez, me mandó desde su escaño un whatsapp: al replicar, el ministro me había citado en apoyo de su tesis.
Yo que no soy político habría entrado al trapo, en cambio el ministro de Justicia –que dicho sea de paso, le considero el más preparado en las últimas décadas para esa responsabilidad– dio al interpelante una larga cambiada. Así le echó en cara que dudase de la nobleza de la política y sostuvo que, por supuesto, en los órganos constitucionales se hace política, política de la buena y es ahí donde citó a mi humilde persona. El interpelante no se arredró y replicó que no se refería a eso sino al reparto partitocrático de los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial.
En efecto, he defendido que en el Consejo se hace política, política judicial y suelo discernir la política –o politización– positiva y hasta necesaria de la Justicia, de la negativa o censurable. Parto de la premisa de que del mismo modo que hablamos de política energética, fiscal, educativa, etc. hay –o debería haber– una política judicial, por lo que cabe esperar que los partidos tengan y defiendan sus opciones en ese apartado de la política nacional; y he dicho que esa política se hace desde el gobierno, en el parlamento y, por supuesto, en el Consejo General del Poder Judicial que, como bien dijo el ministro, no es un órgano administrativo ni, añado, un colegio profesional.
Esa es la política que acepto y por eso me citaba el ministro. Pero le preguntaban por la negativa o censurable concretada en el reparto del Consejo entre los partidos y ahí coincido con el interpelante. Veamos, defiendo que los jueces elijamos a doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es la opción genuinamente constitucional y entiendo que es la más ajustada a la Constitución: el principio de separación de poderes implica que la Justicia, como poder independiente, sea mayoritariamente gobernada por los jueces eligiendo ellos directamente a sus miembros. Y añado: que sean los partidos quienes elijan a todo el Consejo no debería ser en sí malo si es que lo hacen desde la lealtad constitucional y no como un reparto de la tarta de poder, que es lo que, desgraciadamente, viene sucediendo desde 1985.
El Tribunal Constitucional dijo que la entera elección parlamentaria es constitucional si se hace teniendo en cuenta las tendencias de la sociedad, no si el Consejo se mimetiza con las mayorías parlamentarias. Como tal deseo no se ha hecho nunca realidad es por lo que defiendo que el Consejo se despolitice en ese aspecto: que se conforme no desde la lógica de los porcentajes que representa cada grupo parlamentario, sino desde la pluralidad de una judicatura que es reflejo de la sociedad y sin olvidar que los grupos parlamentarios siempre elegirían a otra parte de sus miembros.
Todo esto requeriría de mucho matiz y mayor desarrollo, pero conviene recordar que fue el partidos socialista quien impuso el sistema de reparto político del Consejo para asegurar el ascendiente del poder político sobre la Justicia, abandonando el pacto constitucional. Ahora, al cabo de los años, la politización va por otros caminos: aparte de que se ejerce de forma mucho más sutil e indirecta, los intereses partidistas son en el fondo limitados y puntuales y pesan más los del asociacionismo judicial o el amiguismo en los nombramientos, o –y esto sí que es grave– que haya jueces o asociaciones que entiendan que su función es hacer presente su ideología a golpe de sentencias, o ejercen de piezas de un engranaje que posibilite «políticas de progreso» o se identifican sin rubor con actuales los partidos gobernantes, y no en temas judiciales sino de política general.
En fin, he hablado de la despolitización de la Justicia y queda hacerlo de la otra cara: la desjudicialización de la política, que también tiene una vertiente positiva y otra negativa. Pero eso lo dejo para otra tribuna.