El control de alquileres no funciona

El ministro de Tranportes, José Luis Ábalos, acaba de reiterar que pretende presentar próximamente su propuesta para regular los alquileres en aquellas ciudades en las que el mercado se halle más «recalentado». La normativa, cuyos detalles conoceremos en el futuro cercano, habilitará a los ayuntamientos a que localicen áreas tensionadas de sus urbes y establezcan algún tipo de limitación a la escalada de precios. Pero, ¿realmente este tipo de intervenciones públicas son efectivas para lograr que cada vez más gente tenga un más fácil acceso a la vivienda? En absoluto.
La experiencia nacional (Franco ya impulsó este tipo de recetas con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964) e internacional nos muestra de forma concluyente que imponer alquileres máximos a las viviendas dificulta enormemente el arrendamiento para los nuevos inquilinos. Como es obvio, los inquilinos ya establecidos sobre los que se aplique el control de alquileres pueden verse, durante la vigencia de su contrato, beneficiados por esa política. A la postre, si sus caseros no pueden encarecerles la renta del alquiler, sus ingresos disponibles se incrementarán. Ahora bien, esta mejoría de los inquilinos actuales se producirá a costa no sólo de los arrendadores (que verán mermados sus ingresos) sino sobre todo de personas que no residen en un piso de alquiler y quieren arrendar uno (o que habitan en uno pero desearían trasladarse a otro). Y es que los controles de precios tienden a reducir la oferta presente y futura de vivienda. Disminuyen la presente porque menos propietarios están interesados en arrendar la suya o en reinvertir para mantener la casa en condiciones habitables. Reducen la futura porque los inversores dejan de construir nuevos inmuebles ante la erosión de la rentabilidad.
En otras palabras, los inquilinos actuales -especialmente en zonas congestionadas- tienen fuertes incentivos a reclamar el control de alquileres, mientras que los inquilinos potenciales y los propietarios, no. Pero los propios inquilinos actuales deberían entender que, ante la reducción de la accesibilidad de inmuebles en alquiler, también les será más complicado reubicarse cuando así lo deseen. Por ejemplo, en Estocolmo, una ciudad que lleva décadas aplicando el control de alquileres, las listas de espera para encontrar una vivienda pueden llegar hasta los 20 años en algunos barrios de la capital. Trasladarse a la ciudad (o emanciparse de los padres) se convierte en una misión imposible salvo después de prolongados periodos de tiempo. Por no hablar de quienes han conseguido alquilar un piso y desearían mudarse a otro. Precios máximos, colas máximas.
Pero si el control de alquileres no funciona, ¿existe alguna alternativa que permita abaratarla al tiempo que incrementar su disponibilidad? Sí, sin duda. La receta que sabemos ciertamente que funciona a la hora de volver más accesible la vivienda al tiempo que se reduce su precio es incrementar la oferta de inmuebles. Más oferta allí donde exista un exceso de demanda -especialmente si esa oferta cuenta con las infraestructuras municipales esenciales como para hacerla suficientemente atractiva a potenciales residentes- es la única vía para extender la vivienda al mayor número de personas posibles.
En definitiva, las propuestas que plantea Ábalos -en representación del Ejecutivo socialcomunista- para remediar los problemas del mercado inmobiliario español no remedian realmente nada, sino que sólo agravarán las dificultades que ahora mismo ya estamos sufriendo. La única ventaja de plantear esa reforma a escala local es que nos permitirá distinguir entre distintos modelos del mercado de alquiler: el de aquellas ciudades que fomentan la construcción de nuevos inmuebles (y, por tanto, atraigan nuevos residentes) y el de aquellas urbes que controlan precios congelando la construcción (y, por tanto, expulsen a los potenciales nuevo residentes). Progreso versus estancamiento.

Nuevos impuestos

Los gobiernos necesitan utilizar todo tipo de excusas para justificar sus subidas impositivas. Sólo así consiguen que la población no se rebele contra lo que no son más que exacciones contra su propiedad. Desde hace años, dos de los pretextos preferidos por las clases políticas occidentales han sido la salud y el medio ambiente. Gracias a ello, pueden justificar que no se les va a extraer renta a los ciudadanos para beneficiar al Estado, sino que se hace pensando en el bienestar de los propios contribuyentes (su salud y su entorno). Pues bien, el Gobierno del PSOE y Podemos no iba a ser distinto, de ahí que ya haya anunciado nuevos tributos contra el conjunto de la sociedad con la excusa ecologista (impuesto a los vuelos de avión y a los envases de plástico) y de la salud (a la comida basura).

Menor crecimiento

De acuerdo con Bank of America, la epidemia del coronavirus costará dos décimas de crecimiento a la economía española a lo largo de 2020, esto es, que en lugar de expandirnos al 1,6% (como pronosticaba el Gobierno y la mayoría de los analistas), finalmente lo haremos al 1,4%. El dato, de ser cierto, resultaría en sí mismo preocupante, dado que nos vamos acercando a la marca a partir de la cual nuestro país va a ser incapaz de generar nuevo empleo (alrededor del 1%). Pero es que, además, la previsión de Bank of America todavía es muy preliminar. En la medida en que desconozcamos (como desconocemos) hasta dónde va a extenderse esta epidemia, resulta harto aventurado efectuar pronósticos sobre cuáles serán sus efectos económicos finales. A estas alturas, ni siquiera cabe descartar la recesión.

Ineficiencia en el gasto

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de publicar su informe «Eficiencia del gasto público. Medición y propuestas de mejora», donde se recoge que el gasto público de España no sólo es demasiado grande, sino también demasiado ineficiente. En particular, nuestro país es un 4% menos eficiente que la Unión Europea a la hora de administrar su gasto y un 14% menos eficiente que el conjunto de la OCDE. En contrapartida, el país más eficiente en la administración de sus desembolsos estatales es Suiza. De acuerdo con el trabajo del IEE, si nuestro país se acercara a los niveles helvéticos, conseguiríamos reducir el gasto público -sin merma en la calidad de los servicios- lo suficiente como para equilibrar nuestro déficit. En todo caso, más allá de las cifras concretas, está claro que existe mucho trabajo por hacer.