Necesaria normalidad democrática

Como adelante él sábado, la verdadera alarma que vivimos en este momento, es el gobierno central que padecemos, gobierno que va a proponer otra prórroga del estado de alarma, esta vez por un mes. España es la excepción que mantiene en Europa un estado que altera el orden constitucional y cuyo sostén jurídico ya no existe; la epidemia del coronavirus tan solo justifica la actuación del Ministro de Sanidad, el cual puede solo con la mera cita del artículo 52.3 de la Ley General de Salud Pública, y como autoridad sanitaria estatal, adoptar medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud pública que resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite.

El instrumento adecuado es, por lo tanto, esa labor de coordinación que debe ser llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad, y que debe fijar el marco general de actuación, dentro del cual tendrán que actuar las Comunidades Autónomas. El instrumento más adecuado para ello sería el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; esta es la palabra clave, coordinación, y esto es lo que debe hacer el gobierno de la nación, coordinar y adoptar decisiones horizontales, tal y como se está haciendo en Alemania, uno de los países más descentralizados del mundo.

Esto requiere una gran lealtad constitucional por parte de las partes del estado, pero también por parte del propio estado a traves de su gobierno, y este ha sido el problema en España, el estado a través del gobierno central ha dejado de ser estado para ser solo gobierno, y además, el peor de los que hemos tenido en nuestra historia democrática, y me duele decir esto de un gobierno del que forman parte tres compañeros jueces, y no es retórico este sentimiento. Necesitamos cuanto antes volver a la normalidad democrática, no a una nueva normalidad como se ha dicho, sino a la de siempre, a la de verdad, la que confía en sus ciudadanos y cree que los derechos y libertades públicas son de todos y de cada uno, y no de los colectivos como ansía la parte comunista del gobierno, y esto, en pleno siglo XXI.