Pancartas

Hay que reconocer el tacto con el que se ha comportado el colectivo gay durante la semana del orgullo para evitar provocar otro 8-M. No puede decirse lo mismo de algunos políticos que, intentando captar el voto del colectivo, han confundido banderas con pancartas, sin ver que estas últimas son uno de los buenos inventos de la época de la libertad.

Pongamos que es usted un decidido partidario del derecho a ir en manga corta. Piensa con tanta frecuencia en ello que opina que debería figurar en la declaración universal de derechos humanos. No hay problema; puede usted reciclar una sábana, escribir en ella su reivindicación y colgarla de su balcón en caso de que lo tenga. O puede pintar un cartel, ponerle un palo y salir a la calle a pasearlo orgulloso. No hará daño a nadie porque, mal que bien, todo el mundo tiene más o menos claras hoy en día las diferencias entre hechos, creencias y opiniones. Si el resto del vecindario se muestra claramente de acuerdo con el cortomanguismo, cabe la posibilidad de que le secunden (quizá no en Groenlandia) y las fachadas particulares se llenen de pancartas en el mismo sentido.

De cara al espacio público, es útil esa visible diferencia de formato que existe entre bandera y pancarta. Los que no saben ver esa diferencia no distinguen entre gobierno y administración. El gobierno (o la gobernanza, como gustan de decir ahora los cursis) es coyuntural, cambiante, puede ser sustituido por otro de signo contrario en función de la decisión de los votantes. La administración, en cambio, es un cuerpo de funcionarios que, venga quién venga a dirigirla, siempre permanece a servicio de todos. Por eso, en los edificios de la administración, deben colgarse solo banderas consensuadas por la población a través de las leyes y, si el gobierno del momento tiene especiales obsesiones publicitarias o un singular narcisismo de opinión, puede suspender, un poco más abajo, la pancarta que muestre su particular mensaje. Si lo que propone esa pancarta no es algo que vaya contra la ley o contra el carácter apolítico exigible a las instituciones administrativas, podrá criticarla quién quiera, pero difícilmente podrá sostenerse que exhibirla sea un delito o un crimen.