Un enemigo para la democracia

El Tribunal Supremo ha inhabilitado al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, lo que supone dejar la máxima representación política en Cataluña. El fallo, adoptado por unanimidad es, por lo tanto, firme, ya que ha ratificado la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó en diciembre de 2019. El motivo fue desobedecer a la Junta Electoral Central al no retirar un pancarta del balcón de la Generalitat en apoyo de los presos condenados por los hechos del 1-O. No es, como el martirologio oficial del nacionalismo quiere vender, una forma de coartar la libertad de expresión, sino el uso electoralista de un centro oficial.

La libertad de expresión es ejercida por la Generalitat, por los partidos independentistas, por las asociaciones que los apoyan, por los medios de comunicación públicos, pero siempre con la prepotencia, el sectarismo y la intolerancia a los catalanes que no piensan como ellos. Y, claro está, se usa siempre contra las instituciones democráticas españolas.

Con su abuso habitual del poder, no contaban con que era obligación mantener la neutralidad política, algo que nunca han hecho y que creen que pueden exhibir sin consecuencias. Ahora, bien, saltarse la ley y lo que falla un tribunal tiene un precio en cualquier Estado de Derecho. No nos cabe duda de que Torra buscará el choque frontal, que se hará un llamamiento a la desobediencia, que la maquinaria más violenta del independentismo empezará a calentar la calle, pero los hechos son los que son: en Cataluña también se debe cumplir la ley, lo que es obligado doblemente por quien ostenta la presidencia de la Generaliat.

El nacionalismo y una parte importante de la sociedad catalana complacida de rondar la ilegalidad -siempre que no tenga consecuencias- no debería olvidar que los tres últimos presidentes de la Generalitat han sido inhabilitados: Artur Mas -hasta febrero de este año-, Puigdemont -prófugo de la justicia- y ahora Torra. Él, que aceptaba, su humillante papel de vicario, no tiene muchas salidas, incluso aplicando la legislación catalana. El artículo 7 de la Ley de la Presidencia es claro: el presidente cesará “por condena penal firme que comporte inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”.

Pere Aragonès, de ERC será su sustituto en el cargo, lo que anuncia una nueva batalla entre los independentistas que nada bueno aportará a Cataluña. Torra ha cumplido la misión por la que Puigdemont le elegió: llevar a los catalanes al enfrentamiento abierto con la sociedad española. Su paso por la Plaza de Sant Jaume será un pie de página triste y lamentable.