La peligrosa alianza de Podemos e independentistas

En un gobierno de coalición, por regla general, el más beneficiado es el partido más grande porque, además, ostenta la presidencia. Es lo que le sucedió a Nick Clegg, líder los liberal-demócratas, que fue viceprimer ministro con Cameron y en las elecciones de 2015 cosechó un sonoro fracaso porque sus socios conservadores consiguieron una gran victoria. Me caía mejor que Cameron, pero la vida no es justa y mucho menos la política. A diferencia de lo que sucede en España presentó inmediatamente la dimisión y no se le ocurrió aferrarse al cargo. Su mujer, Miriam González, es una brillante jurista e interesante columnista con ideas sólidas, originales y centradas. En España no teníamos experiencia, desde la Segunda República, en gobiernos de coalición salvo en autonomías y ayuntamientos.

Hasta que llegó la crisis institucional que nos afecta era impensable, por innecesario, un gobierno de estas características, porque quien ganaba las elecciones contaba con una mayoría suficiente y en caso de necesidad tenía a CiU, el PNV y CC. Lo único es que había que pagar y se hacía con transparencia, ya que se recogían en los presupuestos y en los traspasos de competencias. El más caro fue el de Aznar, aunque con un acuerdo conocido por todos. El problema de fondo es que los votos nacionalistas, ya fueran para apoyar al PSOE o al PP, siempre persiguen, además de dinero, debilitar al Estado y consolidar las bases para una futura independencia de Cataluña y el País Vasco. No creo que nadie se tan ingenuo para creer que es posible aplacar o solucionar este problema con concesiones. España está sometida desde la Transición a un proceso de tensión permanente. Es lo mismo que sucedió en la Segunda República y siempre los políticos caen en el error de hacer cesiones que luego tienen muy malas consecuencias. Todo el mundo conoce lo que sucedió en Barcelona con la proclamación de la República, posteriormente durante la Revolución de Octubre del 34 o el desastre que fue Companys y su gobierno durante la Guerra Civil.

En el caso vasco tenemos la inmensa cobardía de los dirigentes del PNV que rindieron los restos del Cuerpo de Ejército de Euzkadi, que previamente había sido el Euzko Gudarostea, a las fuerzas italianas con la traición o pacto de Santoña del 24 de agosto de 1937. Lo más delirante fue que el mando de ese ejército había sido asumido el 9 de mayo de ese año por el vanidoso primer lendakari José Antonio Aguirre apartando al teniente coronel de ingenieros Alberto de Montaud, aunque lo mantuvo a su lado. Aguirre se veía a sí mismo como un nuevo Napoleón y por eso le llamaban despectivamente Napoleonchu. No hay duda de que los dirigentes republicanos fueron los mejores aliados del Ejército Nacional para acabar con la República y el patético Napoleonchu no es un caso aislado.

Los políticos no aprendieron de la Segunda República y la Guerra Civil, pero tampoco de lo vivido desde la Transición hasta nuestros días. Un nacionalista siempre es un independentista, aunque lo único que espera el primero es su oportunidad para dejar de serlo y convertirse en el segundo. El problema actual es que los que quieren destruir España cuentan con la inestimable ayuda de Iglesias que persigue que el gobierno socialista-comunista cuente con el apoyo permanente de los independentistas catalanes y vascos. Es interesante comprobar cómo apartan el tradicional centralismo comunista en su estrategia revolucionaria, aunque si tuvieran el poder los secesionistas sufrirían el mismo destino que en los países que lo pretendieron tras la Revolución Rusa. Las repúblicas eran meras marionetas al servicio del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pablo Iglesias es un comunista de la vieja escuela que se ha forjado en el populismo bolivariano que es una de las mayores empanadas ideológicas de la Historia.

Los baluartes frente a esa revolución que no se quiere ver son la jefatura del Estado, que hay que dejarla al margen de las luchas partidistas aunque Iglesias y los suyos perseverarán en su objetivo de destruirla, y la Justicia. Es lo que sucedió con Alfonso XIII y así consiguieron la proclamación de la Segunda República o la destitución ilegal de Niceto Alcalá Zamora por el Frente Popular para colocar al sobrevalorado y mitificado Manuel Azaña que es uno de los grandes responsables de la Guerra Civil. Es verdad que también hay mucha gente bienintencionada, que siempre acaba siendo fagocitada, que piensa, como sucedió entonces, que no es posible porque ahora estamos en la Unión Europea.

Los comunistas siempre quieren controlar la Justicia y es algo en lo que coinciden con otros grupos autoritarios como los fascistas, los nacionalsocialistas, los islamistas radicales o los militares golpistas. Es el instrumento más poderoso para reeducar una sociedad como se ha podido comprobar a lo largo del siglo XX. No resultó difícil encontrar juristas entregados al uso alternativo del derecho y que fueron capaces de justificar las mayores atrocidades. La influencia comunista fue una catástrofe para la Segunda República y la causa principal de su derrota en la Guerra Civil. Los comisarios políticos, los crímenes horrendos que se cometieron y la improvisación de «generales» al mando de las divisiones y brigadas mixtas fueron un desastre. No existió una Justicia basada en la legalidad constitucional, sino popular. Ahora quieren controlar una Justicia que no les gusta y por ello nada mejor que encargar la instrucción a una Fiscalía controlada desde el gobierno. Ayer discutía sobre este tema con un magistrado tan brillante como bien intencionado que confía en la imparcialidad y legalidad que establece la Constitución así como en que la dirección del proceso estará en manos de un juez. Por eso también quieren controlarlos y colocar a magistrados de izquierdas en los lugares clave.