El problema real de la vivienda

Un buen titular es el que sabe atraer la atención del lector. Lo consiguieron Andreu Missé y El País con estas palabras: “El verdadero problema de la vivienda”. Resultaba difícil, si no imposible, resistirse a la luz de la verdad. La tesis, para mayor comodidad, era diáfana, y sencillísima: el verdadero problema de la vivienda en España es “la abrumadora falta de viviendas sociales”.

Ni una sola palabra asigna el articulista a las causas ni a las consecuencias del intervencionismo público en la vivienda. Ni una reflexión sobre qué cosa significa una vivienda social, que es una vivienda que el poder obliga a la sociedad a pagar. Se limita a pedir más gasto público, ignorando a los trabajadores que con sus impuestos lo sufragan.

Por no considerar, no considera el problema, ese sí realmente de fondo, de las viviendas sociales: como su precio es inferior al de mercado, precisamente porque el pueblo en su conjunto es coaccionado por el poder para que pague la diferencia, la oferta difícilmente podrá satisfacer la demanda.

El simplismo de su razonamiento encaja bien con la moralina que lo lastra, porque afirma que la falta de viviendas sociales es un “penoso déficit”. El coste artificialmente incrementado para la sociedad no suscita, al parecer, pena alguna.

Despacha el problema de la okupación de manera engañosamente sencilla: “una desesperante realidad social…para proteger a sus hijos…condiciones explosivas en que se encuentran cientos de miles de familias que carecen de vivienda o medios para mantenerla”.

Recurre al Parlamento Europeo para ratificarse en su diagnóstico: hay que intervenir más y subir aún más el gasto público, que aún es “lamentable”, por su pequeñez. Ante el regocijo del periodista, el PE declara que la vivienda no puede ser una inversión porque es “un bien social o derecho humano”. E incurre en una suerte de keynesianismo cañí porque sugiere que la vivienda social es un milagro, porque la carga en el presupuesto se convierte en “una forma de impulsar la demanda”.

Despotrica contra la “indecente venta de los pisos de los desahuciados a fondos especulativos”, como si los pisos fueran “de los desahuciados” en cualquier caso y para siempre. Y termina asegurando que aumentar el gasto público “es el camino seguro para acabar con las okupaciones”.

Solo resta desear que políticos y medios aborden la cuestión de la vivienda con más argumentos y menos consignas.