Doble truco fiscal

El antiliberalismo hegemónico practica un doble truco a propósito de los impuestos. Por un lado, asegura que es bueno subirlos. Y, por otro lado, proclama que no es posible bajarlos.

El cuento más antiguo de la izquierda es que los progresistas benefician a la mayoría con la expansión del gasto público, y solo castigan a una minoría de contribuyentes. Esto, que siempre fue mentira, es en nuestros días una mentira cada vez más difícil de colar.

Los socialistas insisten en el bulo, ahora disfrazado de «lucha contra las desigualdades», pero la cruda realidad es que les cuesta más convencer al pueblo de que el gasto público es gratis porque lo van a pagar otros.

La propaganda, entonces, arrecia, y se nos asegura que subir los impuestos es bueno para el medio ambiente o el combate contra la obesidad. Se crean ministerios y burocracias variopintas con el propósito de ocultarles a las trabajadoras que son ellas, como siempre, las que van a pagar la cuenta, y van a pagar cada año más que el anterior.

El otro truco fiscal es negar que los impuestos puedan bajar. Para ello, los antiliberales de toda condición apelan al viejo señuelo del contrato social. Se nos dice que es imposible que bajen los impuestos «si queremos tener sanidad y educación públicas»; o el clásico: «no se pueden tener los servicios públicos de Suecia con los impuestos de España»; o el superclásico de que como los impuestos son más elevados en Europa, entonces España tiene «margen» para aumentarlos aún más.

La falacia subyacente en todo esto estriba en la identificación de la política con la sociedad civil, cuando en la primera prevalece la coacción y en la segunda la voluntariedad. No es lógico aducir que el gasto público es el gasto que «queremos», por la sencilla razón de que es un gasto que nos impone el poder, igual que nos impone los impuestos, valga la redundancia. La lógica de la acción colectiva es diferente de la lógica del mercado en la sociedad civil. Cabe conjeturar que los helados de fresa que consumimos cada año son los que efectivamente «queremos», dado nuestro «margen» presupuestario personal o familiar. Eso no es trasladable a la Hacienda Pública, por la tradicional contradicción entre el gran gasto público que la sociedad prefiere y los pocos impuestos que desea pagar para financiarlo.