Sorpresas que no se espera Sánchez

Sánchez puede encontrarse todavía con sorpresas en el camino de los indultos y de la negociación bilateral con la Generalitat. Hasta ahora todos los focos han estado puestos en el plano político, en esa lucha grandilocuente y sin matices entre partidos por motivos electorales. Moncloa echa cuentas de cuánto pierde en España y cuánto gana en Cataluña, y quiere seguir confiando en que, al menos, esta renovada puesta en escena de la negociación con el independentismo le regala más tiempo y más estabilidad en el Congreso.

Pero ocurre que el «perdón» a los líderes del «procés», condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, daña a funcionarios públicos, con nombre y apellido, que se vieron implicados en la defensa de la democracia frente al referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia de 2017. Funcionarios entre los que hay representantes de las Fuerzas de Seguridad, pero también fiscales y demás aparato democrático que reaccionó para defender la legalidad contra la arbitrariedad. Resulta que en este círculo también estudian cómo responder ante la decisión del Gobierno de indultar a los nueve políticos condenados por el Supremo. La batalla de partidos está tan contaminada por los intereses electorales que ya no es posible calibrar la fuerza y la verdad de los argumentos de unos y otros. Pero esto se puede dar la vuelta cuando son otros, funcionarios que velan por la ley, los que deciden dar un paso al frente para intentar que el Tribunal Supremo anule el perdón de Sánchez a Oriol Junqueras y compañía.

El callejón en el que Sánchez se ha metido tiene solo dos salidas, que ERC acepte ser premiada con más poder y más dinero por su sublevación del 1-O, o que no lo acepte, y haga saltar la mesa de negociación en el momento que considere oportuno. El primer escenario desestabilizará de nuevo el actual modelo autonómico. Del segundo, tampoco sacaremos ninguna ventaja en nuestra fortaleza como Nación. Pero suceda una cosa o la otra, sí que hay algo que ya no tiene marcha atrás, y que explica con precisión uno de tantos perjudicados directamente por el perdón de Sánchez: «si la interpretación de los límites de la legalidad está sometida al interés político, aunque sea un supuesto interés político de Estado, ¿para qué vamos a seguir los funcionarios que sostenemos este Estado dejándonos la piel por ella?».