Crónica de unos días

Hace una semana el Reino de España fue demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta vez nos debería avergonzar. Lo hizo el representante de European Centre for Law and Justice, una asociación a la que ya me he referido en estas páginas y que trabaja en el ámbito de las instituciones europeas, y lo hizo en representación de una veintena de diputados y exdiputados españoles. Demanda al Reino de España –más en concreto al Tribunal Constitucional– porque tras doce años no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley del aborto libre de 2010. Tiempo ha habido para dictarla, como para que quien promovió ese recurso de inconstitucionalidad la hubiese derogado. En su lugar optó por endosar al Tribunal Constitucional un trabajo a sabiendas de que aquello no saldría adelante.

Más noticias de actualidad. El Parlamento Europeo aprobó a finales de junio el Informe Maltic. No tendrá especial valor jurídico, pero marca tendencia como ocurrió con ese otro informe en favor del «matrimonio» homosexual y la adopción de menores por parejas del mismo sexo. El de ahora insta a eliminar cualquier obstáculo en el acceso al aborto, calificándolo, ojo al dato, como «derecho humano». Esto no es aquí novedoso, precisamente nuestra la ley de 2010 así lo concibe pero que se haga de tal aberración una directriz de la política europea significa mucho por poco que tenga que ver con la misión de la Unión Europea. Significa el empeño por arrinconar a los países miembros que lo rechazan y que liberalizar el aborto sea condicionante para que países del Tercer Mundo puedan beneficiarse de ayudas europeas. Pero hay más porque el informe pide poner fin a la objeción de conciencia del personal sanitario y actuar frente a los movimientos provida. De esto hablé hace unas semanas porque ya hay en el Congreso una proposición de ley para criminalizar a los movimientos provida y es que en España solemos ir en cabeza de estos desvaríos.

Y otra noticia más de estos días. Ha hecho su presentación la «ley trans». No hay espacio para abordarla –tiempo habrá– y entre sus desvaríos me quedo con el que está en su base: que desdibuja la idea de persona. Si las feministas «clásicas» ven peligrar su argumento –a qué mujeres proteger si ya no se podrá hablar de mujeres–, con el tiempo no se de qué derechos humanos podremos hablar si no se sabe qué es un ser humano y así –reforma educativa mediante– no habrá en la mente de las futuras generaciones idea cabal de qué es un hombre o una mujer.

Eso llevará a futuras hecatombes humanas, antropológicas, pero de momento a una dictadura. Leo también en estos días que un profesor de Biología es investigado por decir que solo existen dos sexos y asegurar que «es algo científico»; y leo que en esa «ley trans» se perseguirá al facultativo que ose sostener que alguna de las variadas opciones que contempla la ley tenga algo que ver con una patología. La ciencia al paredón, empezando por quien pretenda emular a Galileo. En fin, la crónica de apenas un par de semanas tiene su guinda con la entrada en vigor la ley de la eutanasia, esa que augura que para sobrevivir habrá que buscar «refugios asistenciales», espacios libres donde se respete la vida humana.

Acabo. En España esas políticas las lideran un gobierno más una mayoría parlamentaria y que centran la atención por estar engolfados en la empresa de desdibujar la idea de España como nación y derogar la democracia constitucional. Pero a ese drama nuestro, puramente político, añaden esa otra empresa social, cultural. Estas iniciativas tienen el respaldo de instancias supranacionales, y siguen modos que, fuera de Europa, adopta en Estados Unidos su izquierda o en otros aspectos el movimiento woke. Tienen en común pretextar la tolerancia para caer en la imposición y censura: cómo será que lograron alarmar a más de un centenar de intelectuales de la izquierda yanqui, entre ellos Chomsky. Si tal deriva ocurre en países de tradición liberal o democrática, hay base para estar más que inquietos cuando esas maneras las adoptan aquí formaciones de vocación totalitaria.

José Luis Requero, es magistrado