Presos por presupuestos
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«Tenemos 200 presos. Si para que salgan tenemos que votar los presupuestos, los votaremos». Se puede decir más alto, pero no más claro. En caso de que alguien de buena fe —de los otros ya no es necesario— dudara acerca de la honestidad de la declaración de Arnaldo Otegi con ocasión del 10° aniversario del anuncio del cese de la actividad terrorista por parte de ETA, el propio Otegi se lo ha aclarado en unas horas: ni se condena a la banda, ni hay arrepentimiento, ni petición de perdón alguna; lo único que existe es un mero cálculo político de interés.

A lo largo de la Historia hemos conocido fórmulas y declaraciones diversas para definir procesos negociadores tendentes a conseguir el final de guerras y conflictos en lugares y situaciones «distintas y distantes», en expresión poco afortunada de Calvo-Sotelo en 1982 al referirse a la Guerra de las Malvinas para desmarcarlo del contencioso de Gibraltar. Así, el término «paz por territorios» se acuñó en las negociaciones para un acuerdo de paz en Oriente Medio tras la Guerra de los Seis Días de 1967 y del Yom Kippur de 1973, aludiendo con él a la necesaria devolución de la península del Sinaí a Egipto —ocupada por Israel en aquella guerra— como condición necesaria para alcanzar la deseada paz entre ambos países. Con el mismo objetivo, en otros conflictos se ha aludido a la fórmula «paz por presos», en referencia al intercambio mutuo o entrega unilateral de prisioneros por las partes.

Pero lo que hasta ahora no conocíamos es la fórmula acuñada por Otegi de «presos por presupuestos», que es el mayor daño que podía infligirle a Sánchez y a su Gobierno al expresar lo que estamos hablando de forma tan descarnada. De esta manera, los indecisos sobre el tema ya no tienen margen para la duda razonable: los presupuestos son el precio a pagar para que salgan a la calle los presos terroristas que cumplen condena por sus crímenes.

Así, no es ninguna exageración definirlos como «presupuestos manchados de sangre», lo que muestra el nivel ético al que nos está arrastrando la política de Sánchez. Ahora solo falta que Junqueras verbalice que lo suyo fueron «indultos por el Gobierno», para que caigan las vendas que ocultaban a las miradas despistadas la evidencia de que Sánchez alcanzó el Gobierno —con 84 diputados— y lo mantiene, al precio de despojar al Estado y al ejercicio de la política entendida como servicio al bien común de todo principio ético.

El principio rector del partido socialdemócrata sanchista es el de que el fin —alcanzar el poder—justifica los medios.