De Código Rojo a Alto Riesgo

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas en Código Rojo. La llegada de Feijóo ha provocado un tsunami en las encuestas y los números no le salen al presidente del Gobierno. Ni al PSOE, ni a la coalición, porque sin coalición no hay gobierno. La situación no era halagüeña pero el adversario estaba fijado, el PP, y la «mala» salud de hierro del Ejecutivo y sus socios no hacían vislumbrar nuevos peligros.

Pero, he aquí que cuando en política no haces que pasen cosas y tomas la iniciativa, vienen otros y hacen que pasen cosas y te toman la delantera. Hace una semana «The New Yorker» hizo público un informe elaborado por la Universidad de Toronto. Era el lunes 18 cuando vio la luz, pero llevaba meses gestándose con el conocimiento de los afectados, o sea de los independentistas que fueron espiados por el CNI, aunque el informe no lo acuse directamente. No se publicó ese día por casualidad. Se hizo en las vísperas de la aprobación del decreto de medidas contra la guerra provocando un avispero de dimensiones todavía inescrutables. Se ha pasado del Código Rojo al Alto Riesgo en solo unos días. Ya no es el PP quien acecha, sino que la mayoría de gobierno hace aguas por ERC, PNV, BNG y los propios socios del PSOE: Podemos.

La reacción del Ejecutivo ante lo que se avecinaba ha sido más bien pacata. Primera reacción: ninguneo de la crisis. Segunda: pánico escénico negando que nada de lo hecho se realizara fuera de la legalidad y lanzando sombras de duda sobre el informe. Tercera: enviar al ministro Bolaños a parlamentar a Barcelona. El ministro, con cara de susto, intentaba poner una tirita para taponar la caudalosa vía de agua. Investigación interna en el CNI, investigación pública del Defensor del Pueblo, reunión de la Comisión de Secretos Oficiales –aunque no está constituida por el veto del PP a Bildu– y disposición del Gobierno a desclasificar documentos secretos, fueron sus propuestas, acompañadas por un libro «En defensa de la conversación», un ejemplo de SOS del Ejecutivo ante lo que se avecina. Quizá por eso, Bolaños propuso reactivar la Mesa de Diálogo, sin darse cuenta de que esta Mesa no se ha reunido porque el independentismo esperó a tener el informe de «The New Yorker» para poner contra las cuerdas a un Ejecutivo que ha sido displicente con sus aspiraciones.

Como era de esperar, ERC, sabiéndose fuerte, subió un peldaño sus exigencias pidiendo las cabezas de los responsables. La sola presencia de Bolaños en el Palau de la Generalitat, y no la presencia de la responsable del CNI, la ministra Robles, era en sí misma un mensaje: debilidad. Y además supone una asunción de responsabilidades por parte de Moncloa, directamente del presidente del Gobierno sobre las investigaciones del CNI. Ya no se trata de dilucidar si fueron legales, con la preceptiva autorización judicial, sino por qué se realizaron, para qué y conqué criterios. Y lo más importante, por qué razón se realizaron tras finalizar el juicio del «procés». El Gobierno no reconoce que fue el CNI quién infectó los móviles de más de 60 independentistas, pero sus movimientos parecen indicar todo lo contrario.

Sánchez está con esta crisis más solo que nunca y el tiempo apremia. El alto riesgo tendrá su culminación esta semana en una votación clave sobre los 6.000 millones para paliar los efectos de la crisis, en la que tampoco tendrá el comodín de la Unión Europea sobre la singularidad ibérica para sacar pecho. El PP le ha ofrecido negociar el decreto, todo un apoyo envenenado, pero Sánchez no lo puede rechazar de plano porque sin ERC, PNV y BNG el decreto no será aprobado. Para frenar la crisis, Sánchez solo tiene un camino: ofrecer dimisiones y tal y como está el tema no puede ser de segundo nivel. ERC no lo aceptará. Las miradas se dirigen a la directora del Centro. ¡Nada más y nada menos! Como ven, alto riesgo.