Antonio Martín Beaumont

Bildu antes que el PP

En la política cotiza el resultado, no la moral: tal debe de ser el discurso oficial que abraza Pedro Sánchez. Para constatarlo, basta la disyuntiva desplegada por el presidente del Gobierno con la convalidación este jueves del decreto de medidas anticrisis. ¿Interés general o interés partidista? Para el líder socialista no hay duda al respecto, como tampoco existe titubeo a la hora de elegir entre el PP o Bildu. A tal punto ha llegado la degradación del inquilino de La Moncloa.

Porque Pedro Sánchez ha tenido al alcance de su mano pactar con Alberto Núñez Feijóo un catálogo de iniciativas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Muchas de ellas, además, muy bien vistas por los ciudadanos. Sin embargo, ni siquiera ha barajado esa posibilidad. Su intención ha sido en todo momento amarrar la mayoría de la investidura. Ganar con ese Frankenstein con el que en su día decidió ir de la mano.

La oferta del nuevo líder popular para apoyar al Gobierno ha dejado de nuevo en evidencia las preferencias de Sánchez para seguir transitando por la legislatura. Con la mayoría de la investidura, ahora agrietada, el presidente del Gobierno ha venido garantizándose todos sus proyectos. Ni ha querido ni ha necesitado buscar el apoyo transversal y constitucionalista del principal partido de la oposición. De momento, sólo se le resiste su pretendido asalto al Consejo General del Poder Judicial, pues necesita al Partido Popular para sumar la mayoría cualificada precisa. Por eso, Sánchez buscó una reforma legal para alterar los tres quintos de los votos y borrar a los populares de la ecuación parlamentaria. Sólo la intervención de Europa lo frenó.

Esa fórmula nos remite a la veloz constitución de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, que lleva varada durante más de dos años, forzando el cambio de las mayorías para dar entrada por primera vez a ERC, Bildu, JxCAT o la CUP. Un despropósito. Sánchez no repara en medios para asegurarse el alistamiento de los secesionistas, que ahora mismo se tambalea por la polémica del supuesto espionaje masivo con el sistema Pegasus. La rapidez en reunir la comisión, probablemente la semana próxima, se antoja esencial para La Moncloa. Toda su fe está puesta en que las explicaciones que pueda ofrecer la directora del CNI, Paz Esteban, satisfagan a sus costaleros y zanjen de una vez por todas una crisis que, de enquistarse, podría mandar el mandato del presidente a «cuidados intensivos».

Y en este contexto, el cambalache del apoyo de los cinco diputados herederos de ETA al Plan de Respuesta contra la Guerra, a cambio de acceder a un órgano cuanto menos sensible para la seguridad del Estado, se antoja indigerible. El sueño jamás confesado de Sánchez tiene además ramificaciones en el País Vasco y pasa por un tripartito autonómico de los «abertzales» con socialistas y podemitas. La cuestión, desde luego, está en el aire. Tal alianza tiene en guardia al PNV, temeroso de perder la hegemonía en su feudo y el protagonismo en la política nacional. El presidente del Gobierno viene dedicando su mandato a un blanqueamiento sin freno de los proetarras a través del acceso directo a un buen número de ministerios. «Órdenes de La Moncloa», trasladan desde varios departamentos del área económica.

Pero hay apoyos que matan. Y este de Bildu, a menos de dos meses de las elecciones en Andalucía, la comunidad más grande de España, le va a costar caro al PSOE. Puede ganar una votación en la Carrera de San Jerónimo, pero espantará a muchos votantes, como le viene sucediendo a Sánchez, por cierto, cada vez que se celebran comicios.

El sanchismo difumina la identidad del socialismo con sus alianzas corrosivas. Sí. Aunque esto, cuando el Partido Socialista ha decidido que su único interés es perpetuar al líder, hasta pierde importancia.