La mayoría de los españoles ya teme la mala marcha de la economía

Esta semana hemos tenido dos noticias desastrosas económicamente, los datos oficiales confirman el estancamiento de la economía española durante el primer trimestre de 2022, lo que obliga al Ministerio de Economía, a revisar sustancialmente a la baja la expectativa de crecimiento para el 2022, pasando del 7,0% al 4,3%. Ajustándose más a las previsiones del Banco de España, que la colocaba en un 4,5%, o incluso a las del Fondo Monetario Internacional, que la situaba en el 4,8%. Nuevamente el globo propagandístico del Gobierno español ha pinchado.

El otro dato económico negativo, revelado estos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la destrucción de empleo durante el primer trimestre del año. Consecuencia de la desaceleración de la economía, en tres meses se han perdido 100.200 empleos. El ejército laboral español ha pasado de 20,2 millones a 20,1 millones, con una reducción del 4,96% en solo tres meses.

Mientras tanto, los fondos europeos se reparten mayoritariamente entre el sector público, y cuyo destino es el gasto, en lugar de hacerlos llegar al sector privado para inversión que genere empleo y crecimiento económico.

Otro frente es el inflacionista. Durante el primer trimestre de 2022 la inflación ha llegado a situarse en un 9,8% interanual, cuya primera consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo, es decir, el empobrecimiento de la población en general, especialmente entre las clases trabajadoras, medias y pensionistas.

Es tal el desconcierto en el Gobierno, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha suprimido en las encuestas de marzo y abril las preguntas relativas a la valoración de la situación económica general de España. Tenemos que remontarnos al barómetro número 3.351 de febrero de 2022 para encontrar la última referencia a este tema. El 61,1% de los españoles consideran que la situación de la economía española es mala o muy mala. Otro 11,3% afirma que regular. Los que consideran que está bien o muy bien representan el 24,6% de la población. Por lo que la percepción de la inmensa mayoría de la ciudadanía es muy negativa, lo que no justifica de ninguna manera el optimismo propagandístico oficial.

En cuanto al Índice de Confianza del Consumidor que elabora mensualmente el CIS, observamos el desplome entre febrero y marzo, a falta de conocer los datos del mes de abril.

Así, entre marzo y febrero, el índice de confianza ha sufrido la mayor caída histórica, bajando del 89,8% al 53,8%. Es un retroceso de 36,0 puntos porcentuales. Descienden los índices de situación actual, del 80,9% al 49,5% y del índice de expectativas, que pasa del 98,1% al 58,1%.

La fiesta ahora sí se ha acabado. El derroche también. España debe afrontar de inmediato un giro económico y fiscal. La austeridad debe regresar, así como aplicar una serie de medidas que saneen la maltrecha economía. Bajada de impuestos y reducción de la administración con la digitalización y eliminación de los gastos políticos (asesores, subvenciones a afines, subsidios clientelares, duplicidades, etc…). Congelación de sueldos públicos y pensiones. Reducción de prestaciones, subsidios y ayudas sociales con el fin de promover la búsqueda activa de empleo. Impedir las prejubilaciones. Reducir la burocracia, facilitar la creación de empresas y flexibilizar el mercado laboral con el fin de alcanzar los 23 millones de cotizantes a la Seguridad Social que permitan la autofinanciación de las pensiones y la sanidad, sin que el Estado deba aportar.

Obviamente los Presupuestos Generales del Estado y los de las Comunidades Autónomas son ya papel mojado y deben replantearse en clave frugal. Las tensiones inflacionistas y el repunte de los tipos de interés nos llevarán a un escenario similar al de 2011, con una prima de riesgo desatada que imposibilitará la financiación externa. Eso, unido al fin de la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, nos llevará inexorablemente a acometer las reformas que se interrumpieron en 2018 con la llegada del Gobierno Frankenstein.

Solo tenemos dos alternativas; o desplegar un ambicioso abanico de reformas para sentar las bases de que España pueda crecer en pocos años con dos dígitos anualmente, o aceptar la intervención de la economía española por parte de «los hombres de negro» enviados desde Bruselas.