El cambio de criterio fiscal que quería Bildu

Durante esas 48 horas trágicas que precedieron al asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco, cuando los españoles salieron masivamente a las calles para exigir la liberación del concejal popular de Ermua, los tres jefes principales de la banda terrorista, que habían ordenado el secuestro e impuesto un plazo al Gobierno de la nación, no sólo no movieron un dedo para evitar el crimen, sino que con toda probabilidad dejaron que todo el proceso siguiera según lo planeado.

Es decir, que Soledad Iparaguirre, alias «Anboto»; Mikel Albisu, alias «Mikel Antza», y José Javier Arizkuren, alias «Kantauri», serían responsables del crimen por autoría mediata, dada su posición de dominio en ETA, o por comisión por omisión. Esto es, en pocas palabras, lo que investiga la Audiencia Nacional, a partir de los exhaustivos informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en un procedimiento judicial modélico, que busca la reparación de la Justicia y la restitución del derecho que asiste a las víctimas a conocer la verdad, tanto en este caso, como en el de otros crímenes cometidos por la banda etarra de acuerdo a una estrategia de terror político marcada por sus distintos jefes.

De ahí, que el cambio de criterio de la Fiscalía, que plantea la probable prescripción de los delitos por haberse cometido hace más de 20 años, pese a que los acusados no fueron traducidos a la Justicia hasta muchos años después, provoque un innegable estupor en una opinión pública que conoce los esfuerzos del Gobierno que preside Pedro Sánchez para que se investiguen los crímenes del franquismo y que, al mismo tiempo, ve cómo desde las propias instituciones del Estado se trata de borrar lo más rápidamente posible lo que supuso de sufrimiento y extorsión política a toda la sociedad española la banda etarra.

No se trata de entrar ahora en la discrepancia jurídica sobre la prescripción técnica de los delitos, especialmente porque no nos hallamos en el momento procesal oportuno, sino de poner de manifiesto el sorprendente cambio de criterio del Ministerio Público, que coincide en el tiempo con el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, y que, al menos en apariencia, colma las pretensiones de los actuales herederos de la banda, los mismos que siguen alentando los homenajes a los terroristas, de cerrar en falso el capítulo más terrible de la reciente historia de España.

Que Bildu haya devenido en uno de los socios políticos más sólidos del actual gobierno de coalición no ayuda, precisamente, a despejar las sospechas de connivencia en todo lo que se refiere al esclarecimiento de los crímenes etarras, más de trescientos, que están sin resolver. Por supuesto, no se trata de hacer un juicio de intenciones, menos sobre un cuerpo del Estado, como la carrera Fiscal, que siempre ha estado en primera línea contra el terror, pero sí de reclamar que no se deje espacio al equívoco.