Mari Mar Blanco pide personarse contra los jefes de ETA que ordenaron asesinar a su hermano

Solicitará cárcel para ellos en cuanto se resuelvan los recursos contra la prescripción de “Iñaki de Rentería”

Veinticinco años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un informe de la Guardia Civil revelaba que fue la cúpula de ETA la que planificó y ordenó en 1997 su secuestro y asesinato. En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) investiga a nueve exdirigentes de la banda terrorista por su supuesta responsabilidad en la muerte del concejal del PP en Ermua- el Instituto Armado señala a cuatro antiguos jefes de la organización criminal: José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», y María Soledad Iparraguirre, «Anboto».

Ante esto, la hermana del edil del PP asesinado, Marimar Blanco, ha pedido a la Audiencia Nacional personarse en la causa en la que el juez trata de esclarecer si la cúpula de la organización terrorista ETA fue responsable de encargar su asesinato.

En su escrito, al que ha tenido acceso Ep, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 que se le tenga “personada como acusadora particular en el precitado sumario”, así como que se le traslade lo investigado hasta ahora.

Blanco ha dado este paso con la intención de reforzar la acusación contra la antigua cúpula etarra, ya que hasta ahora no había acusación particular -la ejercida por las víctimas- en esta causa, sino solo populares y la Fiscalía.

La propia Marimar Blanco, en declaraciones a Ep, se ha referido precisamente a la posición del Ministerio Público para manifestar que está “indignada” con la actitud que ha tenido la Fiscalía, a la que ha acusado de “abandonar su trabajo en favor de las víctimas del terrorismo”. Y es que la investigación aún tendrá que salvar un obstáculo imprevisto. La consideración por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que las posibles responsabilidades penales de los exdirigentes etarras están prescritas al haber pasado más de veinte años desde que se cometió el atentado hace tambalear el rumbo de esa media docena de instrucciones.

Este cambio de rumbo se evidenció ayer en la comparecencia de los exjefes de ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Soledad Iparraguirre, “Anboto” (esta última por videoconferencia desde prisión), cuando el fiscal del caso, Vicente González Mota, fue sustituido por su compañero Pedro Rubira, quien anticipó que los hechos estarían probablemente prescritos y desinfló los indicios recogidos por la Guardia Civil en su informe. El representante del Ministerio Público, además, descartó pedir medidas cautelares contra los propios ‘Mikel Antza’ y ‘Anboto’.

“Estrategia de blanqueamiento”

Por contra, la acusación popular ejercida por la Asociación Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el PP sí que solicitaron una serie de medidas para “Mikel Antza” a las que el juez accedió ayer. No se solicitó ninguna petición respecto de “Anboto” en tanto que se encuentra en prisión, desde la que declaró por videoconferencia.

Marimar Blanco ha lamentado que “decisiones políticas en estos momentos por una estrategia de blanqueamiento a quienes no se han arrepentido ni han pedido perdón hayan tenido más peso que el derecho a la Justicia”. Su personación busca, precisamente, “que la Justicia sea un derecho para cada una de las víctimas del terrorismo”.

En este contexto, la hermana del edil ha anunciado cuál será su primera petición en cuanto se resuelva los recursos por el archivo para el exdirigente de ETA Miguel Gracia, alias “Iñaki de Rentería”, y llegue la prueba que falta. “La que va a pedir prisión provisional contra los jefes (de ETA) soy yo, actúe como actúe la Fiscalía”, ha explicado.