Las Autonomías: un gran cambio

«Las Autonomías iban a conducir a una grave insolidaridad nacional, a un confusionismo y a un encarecimiento excesivo e innecesario de la Administración Pública»

Juan Velarde Fuertes

Las alteraciones que, en muchos aspectos de la vida española, han surgido a partir de 1957, se deben a que se hizo, del consejo que Keynes señaló a Olariaga –cuando aquel estuvo en Madrid, en 1930–, pieza fundamental para la orientación de la vida política. Keynes, al contemplar el panorama lamentable existente alrededor del tipo de cambio de la peseta, consideró que lo más conveniente para España sería la creación de un centro universitario dedicado a la preparación de expertos en economía.

Por mil motivos, eso se retrasó hasta 1943, y el resultado lo tenemos bien vivo en documentos tan básicos, como, por ejemplo, el caso de la Constitución. Cuando se dice, en el artículo 38 de la Carta Magna: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», ello es debido, entre otras cosas, a que economistas españoles, encabezados por Valentín Andrés Álvarez, acogieron con entusiasmo –desde la Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos–, los mensajes de Stackelberg y Eucken. Y, a partir de ahí, se observa de qué manera, tras la crisis ministerial de 1957, ese mensaje pasa a ser fundamental en el Ministerio de Trabajo.

Tengamos en cuenta que toda la serie de ministros existentes –hasta Girón, inclusive– ofrecen un panorama ciertamente ajeno a los mensajes planteados por los economistas; pero, desde 1957, a partir de Sanz Orrio, observamos un asesoramiento creciente de dichos expertos. Ello lo prueba Licinio de la Fuente, en su reciente autobiografía: Valió la pena. Memorias de la Guerra a la Transición. Un periodo apasionante de nuestra historia reciente. (Clío, 2002).

Merece la pena referirnos a esa obra porque nos muestra la recepción constitucional de un serio problema de nuestra economía. Nada menos que, en los debates previos a la Constitución actual, Licinio de la Fuente pasa a defender claramente –en cierto modo, paralelo a como había ocurrido con Jovellanos– las tesis de Adam Smith –centradas en el inicio de La riqueza de las naciones–, cuando hace referencia a «los errores en la regulación de las Autonomías», pues «Iban a conducir a una grave insolidaridad nacional, a un confusionismo y a un encarecimiento excesivo e innecesario de la Administración Pública; además de a un aumento del caciquismo. España ... no se podía permitir el lujo de diecisiete gobiernos autonómicos y diecisiete políticas distintas, con un gasto que debería destinarse a resolver los problemas reales del país, lo mismo que las energías que se iban a consumir en discusiones y luchas innecesarias».

La teoría de lo que luego se llamó «café para todos» (para todas las autonomías), agrega, «fue un error». Y continúa: «Malo es que un tema tan importante como el autonómico se prejuzgara incluso antes de que empezara a discutirse la Constitución, poniendo en marcha «por Decreto» las llamadas preautonomías; una medida de dudosa legalidad y de aún más dudoso acierto político … Es posible que resultara inevitable que Cataluña y el País Vasco tuvieran un Estatuto especial … como ocurrió en la II República; el resto de España debió mantenerse más unida, con una descentralización y participación política a nivel provincial y municipal, que ya estaba bastante consolidada. Catalanes y vascos estarían más moderados con su hecho diferencial reconocido y no habría otros quince gobiernos más, tirando cada uno para sí y haciendo que catalanes y vascos tengan el estímulo constante de marcar diferencias. O, por lo menos, hablar solo de regiones, y precisar y delimitar más las competencias autonómicas, en lugar de haber dejado en la Constitución relaciones ambiguas, imprecisas y susceptibles de todo tipo de interpretaciones y reivindicaciones, hasta reducir el Estado y la Nación española al concepto casi residual en que se están convirtiendo» (pág. 285). Naturalmente, si algo se rechaza, a continuación, es la cuestión naciente de que España es una nación de naciones. Desde el punto de vista de la eficacia del mercado y de la promoción social, es obligada la difusión del español como lengua para todos. El propio Trías Fargas, defensor del bilingüismo, por motivos sentimentales –aunque como economista bien sabía lo señalado por Adam Smith y más recientemente por Weber–, me hacía ver, en mis conversaciones con él, su rechazo a que, en Cataluña, se diesen multitud de lecciones únicamente en catalán.

Lo señalado muestra la importancia que tuvo para España el que, desde 1943, se pusiese en marcha el consejo de Keynes –sin olvidar, también, entre la serie de los grandes economistas, lo iniciado por Smith–; y el que, primero en debates parlamentarios, y después en este libro magnífico, Licinio de la Fuente nos muestre por dónde debió caminar nuestro futuro.