Comité de DD HH de la ONU: «Qui paga, mana»

Un reciente dictamen no vinculante del autodenominado Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirma que fueron violados los «derechos políticos» de los dirigentes secesionistas juzgados y condenados por su actuación al frente de la Generalitat, que culminaron en un auténtico golpe contra la Constitución hace ahora 5 años. Auténtica perplejidad causa ese informe, que le ha servido incluso para solicitar ser repuesta al frente de la presidencia del Parlament a la sucesora de Puigdemont al frente de Junts, el partido que compite con ERC por el liderazgo secesionista catalán y que juntos conforman el actual Govern.

Ese Comité es uno de tantos chiringuitos, éste parajudicial, integrado por 18 miembros propuestos por los Estados, en el que España desde 2020 tiene como representante al Magistrado del TSJ de Baleares, Carlos Gómez Martínez, que pertenece a la Asociación «progresista» Jueces para la Democracia, de conocidas querencias por el Gobierno sanchista, que accedió y sobrevive gracias al apoyo de los por él indultados dirigentes secesionistas y ahora recurrentes.

Como vemos, «todo queda en casa», pero se entiende mucho mejor cuando se comprueba quién financia el referido chiringuito, encargado presuntamente de velar por el respeto de los Derechos Humanos por parte de los Estados miembros de la ONU. El eurodiputado Jorge Buxadé, portavoz de Vox en el PE, ha aportado unos datos que lo acaba de clarificar a quien todavía tuviera dudas al respecto. Los países donantes y sus cuantías son públicas, y es curioso comprobar que algunos de los más destacados son países donde los DD.HH. no parecen brillar por su presencia, al menos desde una perspectiva occidental. Tal es el caso de países árabes del Golfo como Arabia Saudí y Qatar, entre otros. Pero la luz se abre paso definidamente cuando se observa que España aportó para 2022 la cantidad de algo más de 220.000€. Una nota a pie de página lo precisa: «Esa cantidad procede del gobierno autonómico catalán y el gobierno vasco, a razón de 200.000€ el primero, y el resto del vasco». Todo muy coherente con el refrán catalán: «Qui paga, mana». O sea, el que paga, manda. Así que pueden estar bien tranquilos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, que fueron quienes recurrieron ante esa instancia parajudicial. Incluso Laura Borràs acusada de un delito –según los suyos, político– por subvenciones millonarias donadas al margen de la ley a un amigo investigado en 2017 por los Mossos por narcotráfico, ha aprovechado ese dictamen para pedir ser repuesta al frente del Parlament. Lo dicho: «Qui paga, mana»…