Sánchez: el final del Pacto Constitucional

Desde la aprobación de la Constitución de 1978 ha existido un acuerdo tácito respecto de lo que se entiende como «cuestiones de Estado». En virtud de ese pacto la posición partidista debe ser limitada para posibilitar acuerdos que integren una visión compartida entre el Gobierno y la oposición, por entender que deben estar por encima o al margen de la legítima pluralidad política. Así se ha entendido en materias relativas a la forma de Estado –la monarquía parlamentaria–, a las políticas de seguridad y defensa, la lucha antiterrorista y la organización territorial del Estado, sobre todo.

De hecho, así se alumbró el Pacto Constitucional, pese a que las elecciones del 15-J de 1977 dieron mayoría absoluta al centroderecha integrado por la UCD y AP, que no la utilizaron para imponer un texto partidista al resto del arco parlamentario. Ese consenso permitió acabar con la triste experiencia del siglo XIX, donde cada Gobierno y cada «pronunciamiento» imponía una nueva Carta Magna a su medida, hasta que en 1876 Cánovas y Sagasta supieron acabar con esa práctica tan lesiva para la estabilidad institucional y el interés general de España. Tras el vuelco electoral provocado por el 11-M de 2004, se produjo una primera quiebra de ese consenso, afectando al ámbito territorial con el nuevo Estatut y sobre la misma Transición, con la «Ley de Memoria Histórica» que ahora, con la vuelta de tuerca de la memoria «democrática», constituye una auténtica enmienda de totalidad al espíritu constitucional.

De esta forma, con Sánchez se ha llegado a una práctica ruptura de aquel histórico Pacto de 1978, con un Gobierno que en su composición y aliados está en las antípodas de aquel espíritu. No se puede pretender gobernar un país, cuarta economía de la UE, en coalición con comunistas y radicales populistas de izquierda, cuyos referentes son Maduro, Chávez, Petro, Boric, Castillo, Morales…, que pueblan el continente iberoamericano. Si añadimos a esa coalición a ERC y Bildu como aliados prioritarios e indispensables, está todo dicho. La ultima entrega de la deconstrucción del Estado llevada a cabo por el sanchismo es la reforma del Código Penal para rebajar las condenas por el delito de sedición, por el cual fueron condenados a 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público los principales dirigentes del Procés.

Tras indultarlos sin arrepentimiento y con el informe contrario unánime del TS como tribunal sentenciador y de la Fiscalía, ahora pretende consumar la operación para seguir en La Moncloa. Con este Gobierno no se puede pactar la reforma judicial y mucho menos un TC afín a su política de ruptura constitucional.