Felonía consumada

«Desjudicializar» la política es una demanda insistente del separatismo catalán que pretende –nada menos– que sus actos no estén sometidos a la ley como los de todo ciudadano, sino que de facto se les otorgue una impunidad absoluta. Para entendernos, que puedan actuar contra todo el orden constitucional para perseguir su objetivo separatista, como ya hicieron con el procés, e intentar repetirlo sin temer ningún problema con la Justicia. Es decir, que el Estado de Derecho sea inexistente para ellos.

Esta insólita pretensión ayer dio un significativo paso adelante, en palabras del mismo presidente de la Generalitat Pere Aragonès de ERC, con la desaparición del tipo de sedición del Código Penal, para convertirlo en «desórdenes públicos»; eso sí, «agravados». O sea, no como quemar «algún contenedor», sino «muchos». Por si acaso, Sánchez no ha tenido la gallardía de hacerlo por la vía del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, lo que le evita que el CGPJ y el Consejo de Estado en sus preceptivos informes le restrieguen por la cara sus palabras respecto a la presunta homologación de nuestro Código Penal con el de otros países de la UE para este tipo de conductas. Lo ha efectuado mediante una iniciativa-proposición de ley de su grupo parlamentario y el de Podemos, con una tramitación parlamentaria más sencilla y cómoda para sus intereses.

En España, con Sánchez al frente, el separatismo está de enhorabuena y por ello y para eso le auparon a La Moncloa en la moción de censura de 2018 y allí le mantienen desde entonces. En Francia, Portugal, Italia… una iniciativa como la del procés llegaría a ser condenada hasta con cadena perpetua por tratarse de un atentado contra la unidad nacional. La Constitución española «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española», y atentar contra ella desde las instituciones del Estado –la Generalitat lo es– para Sánchez es un desorden público aunque, eso sí, «agravado».

El grupo parlamentario socialista del Congreso suscribe y patrocina esta iniciativa, lo que convierte al PSOE en su coprotagonista principal junto con los comunistas podemitas. En su historia, ya más que centenaria que la del PCE, éste con sello de Correos de homenaje incluido, ese acto está a la altura de los promovidos durante la II República cuando, al igual que ahora, socialistas y comunistas eran socios del Frente Popular gobernante que nos precipitó a la Guerra Civil. Quisimos creer –con Alfonso Guerra– que el PSOE sanchista no era el mismo que el que accedió al poder en 1982, hasta que hace unos días vimos a Felipe González avalándolo.