«Fachas y machistas con toga»

Causa vergüenza ajena el espectáculo provocado por la aplicación –tras su entrada en vigor el pasado 7 de octubre– de la Ley Orgánica de «garantía integral de la libertad sexual», comúnmente conocida como la ley del «solo sí es sí». La tramitación de esta norma ha sido procelosa en el tiempo y surgió a consecuencia de la agresión sexual padecida por una mujer durante los Sanfermines, por un grupo de jóvenes conocidos como «la manada». Lo cierto es que pocas iniciativas legislativas han tenido tanto eco informativo y político como ésta, convertida en toda una conquista por el movimiento feminista y en un icono de la lucha a favor de la libertad de la mujer y contra la violencia sexual en sus diversas manifestaciones. Ante ello, provoca natural estupefacción que la primera consecuencia de su aplicación sea que diversos maltratadores y violadores hayan visto rebajadas sus condenas y algunos incluso hayan sido puestos en libertad. Es de solvencia jurídica acreditada, el aparato técnico de la Administración General del Estado puesta al servicio del Consejo de Ministros en el trámite previo a su aprobación y su posterior remisión al Congreso de los Diputados convertido en Proyecto de ley. Como lo es también el de las Cortes –Congreso y Senado– con su prestigioso Cuerpo de Letrados, de lo que resulta incomprensible tal déficit de rigor jurídico en la ley que haya hecho posible lo sucedido. Ayuda a entenderlo, la obcecada respuesta de la ministra de Igualdad acompañada coralmente por su colega la ministra Belarra –ambas de Podemos– atribuyendo lo sucedido a magistrados y jueces calificados de «fachas y machistas con toga», que no saben o se niegan a aplicar la ley, es decir acusándoles de prevaricar .

Ilustra a las claras la situación creada que todas las asociaciones judiciales y el mismo CGPJ unánimemente hayan reprobado esas declaraciones, e incluso algunas hayan pedido la dimisión o el cese de la ministra. Los informes, preceptivos, aunque no vinculantes, que acompañaron al anteproyecto de ley durante su conversión en proyecto legislativo –del Consejo de Estado y el CGPJ, entre otros– ya advertían del riesgo que podía provocar esta situación con la calificación de cualquier acto sexual sin consentimiento en agresión sexual, con la eliminación del abuso sexual del Código Penal, unido a la reducción del tramo inferior de las penas, en base al principio de la retroactividad de «las leyes penales que favorezcan al reo». Visto lo cual es fácil imaginar lo que puede significar la Ley Trans y la reforma «a la carta» de los separatistas, para eliminar del CP la sedición y la malversación. Es el Gobierno de Sánchez.