¿Y las víctimas de la ley del «solo sí es sí»?

Después de la sentencia de La Manada un escalofrío recorrió España entera. Manifestaciones, protestas, muestras constantes de solidaridad y el convencimiento colectivo, que se fue imponiendo a fuerza de insistencias e intereses, de que la Justicia se regía por parámetros machistas, la creencia de que el Derecho penal olvidaba sistemáticamente a las víctimas por su condición de mujeres. La versión patria del «Me Too» se cebó con el ámbito judicial, señaló algunas de sus limitaciones y exageró parte de sus errores. Uno de esos focos acusatorios apuntaba al consentimiento, como si nunca hubiera existido, como si desde el derecho romano no se le hubiera considerado clave en los procesos penales, como si Beccaria y compañía no lo hubieran perfeccionado y como si los códigos contemporáneos y los juristas que los aplican lo desconocieran.

Y fue así, siguiendo estos impulsos, como una reacción ciudadana bienintencionada cristalizó en una revuelta legislativa, capitaneada por el Ministerio de Igualdad, de consecuencias, todavía, inmensurables. Ahora, casi tres meses y más de cien delincuentes sexuales beneficiados después de su entrada en vigor, la ley del «solo sí es sí» representa la peor versión de una norma. No es ya que no cumpla aquellos fines para los que fue concebida, esa protección a la mujer que llevó a modificar las tipificaciones anteriores, sino que consigue, de hecho, el efecto contrario. Volver a recordar la inoportunidad de la reforma, ya alertada por expertos durante su tramitación, resulta redundante, pero también imprescindible por la propia naturaleza permanente del error: más allá de un fallo político, que puede tener una repercusión limitada en el tiempo, las consecuencias legales, en este caso, se siguen generando y proyectando día tras día sin que, por el momento, se haya tomado ninguna decisión efectiva para revertirlas.

En la espiral de polémicas, cruces de acusaciones, descalificaciones y hasta recomendaciones a los jueces sobre cómo interpretar la norma, y junto a la ausencia de la más mínima autocrítica del gabinete de Irene Montero, lo más relevante, sin duda, es la falta de mención a quienes han sufrido alguno de estos delitos sexuales y ven cómo delincuentes condenados en firme reducen sus penas e, incluso, pueden llegar a ser excarcelados. Un plus de riesgo social que obliga a la reflexión y a tener en consideración no solo a las víctimas pasadas, sino también, y por desgracia, a las futuras. Pero ¿a alguien le importa?