Un asalto que beneficia a Lula

Si los bolsonoristas alocados que asaltaron el domingo las instituciones federales de Brasil hubieran caído en la cuenta de que lo único que hacen es beneficiar a Lula, seguro que se lo hubieran pensado varias veces. Dice la izquierda española que fue un intento de golpe de Estado. Aunque lo de Cataluña era mero desorden público, resulta que lo de Brasilia es una asonada. Hombre, nadie debería llamar allí lo que denominamos de otra manera aquí. Hay que emplear bien las palabras. Intento de golpe fue lo de Tejero, lo de Cataluña y lo de Castillo en Perú. En cualquier caso, aquello ha sido un esperpento tan violento como patético. La turba que destrozó las sedes de los tres poderes del gigante latino no ayuda nada a los 60 millones de personas que votaron a Bolsonaro. Les perjudica claramente, pues es el argumento que estaba buscando la izquierda para justificar medidas excepcionales contra la oposición a cuenta de la abominable acción de unos manifestantes a los que, curiosamente, no se impidió la entrada en tropel a las instituciones por parte de la Policía Federal, que depende de Lula. Sin embargo, el nuevo presidente no ha tomado medidas contra «su» Policía Federal sino contra el gobernador de Brasilia, bolsonarista elegido democráticamente en las urnas que ha sido destituido de manera fulminante para poner en su lugar a uno de sus partidarios.

Pero es verdad. Los impresentables agresores que destrozaron las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se dan cuenta de mal que hacen a Brasil. Perjudican claramente a aquello que dicen defender, y además alimentan el argumento que estaba buscando la izquierda. El cuanto-peor-mejor también vale en este caso. La destitución del gobernador brasiliense es un primer aviso. De continuar los desmanes callejeros extenderán el estado de emergencia a todo el país o implantarán la ley marcial, como en Perú, un instrumento que restringe derechos ciudadanos, ya previsto por el Foro de Sao Paulo para que las izquierdas se asienten en el poder cuando no tienen plenamente controlada la situación.

Da manera que lo único que hacen los ultra-violentos es hinchar esa narrativa victimista, justificando cualesquiera medidas que Lula tome contra ellos, que se añadirán a las ya ejecutadas por parte del Tribunal Supremo, órgano controlado por jueces nombrados por el actual presidente, que durante la campaña electoral estableció la censura previa a las webs y redes sociales de la derecha, bajo el argumento de que estaban «desinformando». El Supremo también multó a los autores de auditorías que cuestionaban los resultados del conteo electrónico en ciudades donde Bolsonaro obtuvo «cero votos», pese a que en esas mismas ciudades ganaron los candidatos del ex militar al Congreso y el Senado. El presidente Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, ni tan siquiera analizó el contenido de las auditorias. Impuso sin explicar sanciones millonarias a sus autores, decisión escasamente rigurosa que ha contribuido a calentar aún más el ambiente social y callejero. En cualquier caso, el infame comportamiento del bolsonarismo radical no puede tener ningún tipo de justificación.

Brasil está hoy dividido. La peor forma de superar el drama es acentuando la fractura. Se ha de castigar con dureza a los alborotadores, es evidente. Pero hará mal Lula si no intenta la reconciliación el país.