Un 20-N con otro Caudillo

Hoy 20 de noviembre, (el «20-N») es una fecha señalada en la Historia contemporánea de España como la del fallecimiento de Francisco Franco, la persona que acaudilló durante más de 36 años un régimen político autodefinido como una democracia «orgánica». Esa denominación servía para diferenciarlo tanto de las democracias parlamentarias liberales, como de las «populares». Democracia Orgánica por estar «organizada» la representación popular o ciudadana, sobre las tres instancias consideradas como las propias o naturales de participación: la familia, el municipio y el sindicato.

Las democracias parlamentarias son las comúnmente conocidas como democracias occidentales, mientras las populares eran, y siguen siendo todavía, las propias de los regímenes comunistas bajo la dictadura del proletariado. Las occidentales se caracterizan por la división de poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– mientras en las otras el poder está concentrado en una única instancia, sea ésta unipersonal o colegiada. La democracia orgánica se consideraba como un régimen de «unidad de poder» (en Franco) y de coordinación de funciones: ejecutiva, legislativa y judicial.

Cuarenta y cinco años después de aquel 20-N, España ha transitado pacíficamente de un sistema político considerado «no democrático» a uno genuinamente democrático liberal occidental, pero con una peligrosa y creciente transformación en una partitocracia: es decir, en una democracia de los partidos políticos. La ley electoral y la financiación pública, los han convertido en los auténticos detentadores del poder, al ser ellos quienes eligen los candidatos a las diversas elecciones, en listas cerradas y bloqueadas. Asimismo, el Congreso de los Diputados –donde reside la soberanía nacional– se organiza en grupos parlamentarios de los partidos, y son éstos quienes eligen al presidente del Gobierno (poder ejecutivo) y quienes eligen al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. De esta forma, de facto, la división de poderes queda cuestionada entre el ejecutivo y el legislativo, quedando el judicial como único poder con relativa independencia. El PSOE, con Sánchez al frente ha quedado convertido en una mera plataforma de poder unipersonal suyo, y ahora pretende concentrar todo el poder del Estado en su persona, al haber limitado la competencia del CGPJ a una simple gestión burocrática de asuntos mientras no se renueva a conveniencia suya. La ley de amnistía, pactada y redactada por los propios beneficiarios de la misma –para beneficio suyo y de Sánchez–, es un atentado frontal al poder judicial y al Estado de derecho. Esa ley de autoamnistía elimina definitivamente la independencia del poder judicial y coloca a nuestra democracia camino de una auténtica autocracia. Con el caudillo Sánchez al frente.