El alzamiento

Pilar Urbano acaba de publicar un libro con el provocador título de «El alzamiento», que obviamente no es el del 18 de julio de 1936, sino el producido contra el Estado español democrático y de Derecho en 2017 conocido como el «procés». En su prólogo señala: «Todo estaba pagado porque había un mecenas o un oligopolio de mecenas que soltaban los millones de dólares y euros. La Operación Atlantista angloamericana era el motor y la madre nutricia del carrusel […]. Más adelante busque y lea la tentación ofrecida a Puigdemont en el último momento, la Operación Antiatlantista, el juego de los rusos con los catalanes, Voloh, las mafias de negocios y las redes de espías que obedecían, informaban y cobraban de los aledaños del Kremlin […], el antiguo KGB y el GRU, servicio de espionaje e inteligencia militar de Rusia […] agentes comerciales, abogados y diplomáticos como tanteadores o en misión de servicio como enviados de Putin, porque poner una pica en Cataluña y sustraérsela a la OTAN era para Moscú tanto o más valioso que recuperar Crimea o el Donetsk».

Esta referencia a la operación Voloh y a las relaciones rusas resulta particularmente llamativa cuando en un capítulo bajo el título de «Amortajados con sus togas» se refiere a tres muertes sucesivas que ciertamente llamaron la atención, tanto por su significación –se trataba de tres personas sobre las que pivotaba la respuesta judicial frente el «procés»– como por su número y correlación: «2 de noviembre de 2017 por la noche. Ingresan en Estremera, en régimen de prisión preventiva Junqueras y ocho exconsellers. ¿El resto? Cuatro se han fugado. Unos encerrados y otros enterrados. Ocurrió en noviembre, mes de nieblas y brumas. A la vez que unos encausados eran encerrados en prisión preventiva, otros, los encargados judicialmente de la persecución de ese mismo «procés», eran enterrados […]. Tres destacados juristas, tres magistrados, en activo y en pleno ejercicio profesional, murieron, uno, otro, otro, con una cadencia que, más que sorpresa, produjo estupor. Requiem aeternam».

En efecto, días después, el 18 de noviembre, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecía en Buenos Aires tras asistir a un acto vinculado con su actividad. Fue repatriado y enterrado sin realizarle la autopsia. El 27 de noviembre fallecía también su mano derecha ante el «procés», el fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada. El 4 de noviembre del año siguiente le tocó el turno al juez encargado de la instrucción del 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Todos ellos de forma inesperada y trabajando en la causa.