Las correcciones

América no se merece a Trump

Cuando EE UU se prepara para celebrar 250 años de democracia, el sistema se vuelve a poner a prueba

El tercer vicepresidente de Estados Unidos, Aaron Burr, fue procesado por delitos cometidos durante su mandato entre 1801 y 1805, y posteriormente fue acusado de traición. Burr se había dedicado a especular con grandes extensiones de tierra, al tiempo que, según escribe la profesora de la Universidad de Londres, Sarah Churchwell, en «Financial Times», conspiraba con las potencias extranjeras para promover la secesión. Durante sus años en el poder, Burr utilizó «los cargos públicos de todas las formas posibles para enriquecerse», como documentó el historiador Gordon Wood, señalando que la «insegura situación financiera de Aaron Burr, unida a sus delirios de grandeza condujeron a sus tejemanejes y a una política viciada». Posteriormente, el presidente Thomas Jefferson instó al procesamiento contra el que fuera su primer vicepresidente (Jefferson estuvo hasta 1809) porque temía las consecuencias que podría acarrear para la incipiente democracia estadounidense que una política abiertamente corrupta socavara el servicio público desinteresado y los esfuerzos por el buen gobierno.

Los 34 cargos que el fiscal Alvin Bragg ha presentado contra el ex presidente republicano por la falsificación de delitos contables es sólo el principio de una maraña de procesos judiciales que simbolizan el nefasto legado que ha dejado Trump en la política estadounidense. No deja de ser irónico que la primera acusación contra un expresidente se haya producido por el caso menos convincente de todos los que rodean al magnate. Como explicó en estas páginas el profesor de Princeton, Charles M. Cameron, la mayoría de los juristas creen que el caso de Stormy Daniels es débil y demasiado técnico por lo que es poco probable que sea condenado. La sordidez del escándalo, sin embargo, sería suficiente para terminar con la carrera política de cualquier otro dirigente, pero, Trump, fiel a su estilo, lo está utilizando para relanzar su movimiento MAGA (Make America Great Again) que estaba moribundo.

Más preocupante para el expresidente y candidato republicano es la investigación relacionada con los documentos clasificados que se llevó ilegalmente a su residencia de Mar-a-Lago. La gravedad no está en la apropiación de los papeles (parece que ha sido una práctica habitual entre los presidentes y vicepresidentes desde el mismo Joe Biden a Mike Pence) sino que una vez descubierto se negó a reconocerlo. El fiscal Jack Smith a cargo de este caso también investiga el asalto al Capitolio. Cualquiera de los dos procesos puede desencadenar acusaciones de obstrucción o de insurrección. Pero la investigación más sólida es la de Georgia. La conversación de Trump con un funcionario estatal podría servir a la fiscal Fani Willis para pedir una condena de 20 años de prisión por fraude electoral. No obstante, aunque fuese condenado, el republicano podría seguir presentándose a las elecciones y podría ganar las primarias, incluso desde la cárcel. Ningún artículo de la Constitución se lo impide.

Justo cuando Estados Unidos se prepara para conmemorar el 250º aniversario de la Guerra de la Independencia en 2026, el sistema democrático vuelve a ponerse a prueba. Curiosamente, a pesar del paso del tiempo, el país se enfrenta al mismo desafío de Jefferson para salvaguardar el buen gobierno.