La autocrática amnistía

Es difícil sustraerse al debate sobre la amnistía introducido por Sánchez, y está justificado el rechazo que esa iniciativa genera. No es un tema menor que el personaje esté dispuesto a querer justificar lo injustificable para seguir durmiendo una temporada más en La Moncloa. No tiene ninguna justificación política considerarla como un «servicio a la convivencia» para todos cuantos participaron en la preparación y ejecución de un auténtico golpe de Estado, nada menos que para romper España y separar Cataluña de ella, sin mediar arrepentimiento ni disculpa alguna por su parte, sino todo lo contrario –«lo volveremos a hacer»–, ni consenso alguno con la oposición.

El secesionismo de Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña, con la adición de la hoy extraparlamentaria CUP, la de los comandos CDR (Comités de Defensa de la República) procesados por terrorismo, quedan limpios de todas sus responsabilidades penales, civiles y económicas a cambio de que Sánchez siga en el Gobierno. Eso desde un punto de vista meramente político, porque desde el constitucional hay sobrados argumentos para defender su inconstitucionalidad.

El texto del artículo 62 CE es claro al respecto: «El Rey podrá ejercer el derecho de gracia conforme a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Se alega que nada dice la Constitución respecto a la amnistía –lo que es cierto–, aunque tampoco dice nada respecto a la esclavitud, por cuanto la impiden los principios y valores que define. Quien prohíbe lo menos, es evidente que impide lo más, y la amnistía es mucho más que un indulto general que, como vemos, está expresamente prohibido.

Hay además un principio constitucional recogido en su artículo 14, que proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación ninguna, citando como cualificada la derivada del lugar de nacimiento, sexo, religión u opinión. Sánchez pretende establecer una nueva discriminación, que es la que le convenga a él en cada momento. Más que nunca estamos ante Sanchezstein, el Frankenstein de la autocracia sanchista, que cada día que pasa resulta más amenazante para España y la Constitución.

El lunes el CGPJ discutirá una declaración institucional a propuesta de ocho de sus vocales que rechaza con contundencia esa eventual amnistía, que significaría la «demolición del Estado de Derecho y del Poder Judicial». La UE aparece como la única presunta barrera a esta deriva política propia de quienes integran el sanchismo: comunistas populistas en torno a 16 siglas, los bilduetarras y ultranacionalistas identitarios y con tintes xenófobos. Todos muy «progresistas y convivenciales».