“Basurazo” poco ecológico

Como teníamos pocos impuestos, ahora nos ponen el “basurazo”, tasa emergente con la que los ayuntamientos están sorprendiendo a sus vecinos con un nuevo recargo municipal, en este caso para la gestión de los residuos. Tributo obligatorio proveniente de la UE de Von der Leyen, que en teoría pretende gravar “más a quien más contamina”, pero que en realidad se está convirtiendo en un ajuste fiscal en función del tipo de vivienda o local, al margen de si se contamina mucho, poco o nada. Razón por la que ya se empiezan a acumular recursos en los tribunales, que prosperarán en su mayoría, pues el impuesto debería ser en función de la basura producida, y no dependiendo del número de metros que tienen las viviendas. La polémica está asegurada, y el tropezón del “basurazo” también.

El cálculo de la tasa en Madrid, por ejemplo, combina una tarifa fija con un tramo variable, pero en lugar de asociarla al coste del servicio de recogida de residuos, o a la cantidad generada en cada hogar, el consistorio la vincula al valor catastral. En Vitoria, donde abundan los recursos, se están aplicando recibos a locales sin ninguna actividad, a cuestiones relacionadas con el IAE o al valor catastral. En Castellón se acusa a la alcaldesa de no tener en cuenta el volumen real de desperdicios generados por viviendas o comercios para que esa tasa sea justa. El Ayuntamiento de León no considera únicamente los metros cuadrados útiles, o sea, lo que viene en la copia simple de la escritura, sino que asume el cómputo catastral de todos los metros cuadrados de zonas comunes, trasteros y garaje que tenga el inmueble. Y así en cada población y ayuntamiento de más de cinco mil habitantes, donde la legislación europea, aprobada por socialistas y populares, obliga a los consistorios a gravar con mayor rigor la recogida de basuras, bajo el principio genérico de “el que contamina paga”. Un criterio de la agenda 2030 que, al margen de su mayor o menor justicia, no se cumple prácticamente en ningún pueblo o ciudad, pues los criterios utilizados son puramente catastrales, de renta o patrimoniales, con lo que se llega a situaciones tan contradictorias como que una viuda puede pagar muchísimo más por su casa de 150 metros, que una familia de 8 miembros que habitan en una vivienda de 100, pese a que en la segunda se generan 8 veces más residuos que en la primera.

Así las cosas, ahora estamos en lo de siempre. El PP dice que se trata de una normativa de Sánchez, y el PSOE la atribuye al PP. La realidad es que es consecuencia de una ley aflorada por Europa con el voto de ambas formaciones, y que supone una vuelta más de la Agenda Verde, que en la medida en que no discrimina entre quien contamina y quien no, se convierte en un mero apretón fiscal.