Parece mentira que un Gobierno que dice mostrar su rechazo más absoluto a la desinformación, los bulos y las «fake news» que abruman a la opinión pública recurra precisamente a ellos con especial intensidad para intentar justificar una de sus medidas más polémicas: la de la quita de deuda. Sin embargo, así está siendo. Para empezar, convendría hablar con propiedad porque el Gobierno no lo hace. Tal quita, de la que tanto se ha hablado, no existe; es una engañifa, una filfa, un engañabobos en toda regla, porque la deuda no se va a esfumar como por arte de magia, como nos pretenden hacer creer; no desaparece ni se volatiliza, sino que se transfiere de una administración a otra, de la autonómica a la central, y los ciudadanos españoles –todos– van a seguir estando obligados a pagarla con sus correspondientes intereses. Si no ellos, tendrán que hacerlo sus hijos y sus nietos, pero lo harán. Y se trata de una deuda descomunal, créanme. Dicho esto, conviene detenerse en el falaz argumento esgrimido por Pedro Sánchez, sus ministros y los sindicatos que actúan al dictado de Moncloa a cambio de unas jugosas subvenciones para defender una iniciativa que no es más que el pago por mantenerse unos meses más en el poder que exigen a cambio los nacionalistas catalanes. Argumento, por cierto, empleado también para tratar de erosionar al PP, que es el que gestiona la mayor parte de las comunidades que se oponen a tal oprobio. Se trata de que el ahorro obtenido por estas administraciones en el pago de intereses, de entre 6.700 y 6.800 millones de euros, según Moncloa, les permitirá luego invertir más en sanidad, educación y otras áreas sociales. Falso de toda falsedad, pero no porque lo diga el PP, ni porque lo recalque Juan Bravo, su vicesecretario de Hacienda, que, como es obvio, ha puesto el grito en el cielo, ni los presidentes autonómicos afectados. Lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el órgano que presidía el exministro de Seguridad Social y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. En su nota sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal en la que se abordó este asunto, apuntaba que «los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto» y, por lo tanto, no generan «un mayor margen de gasto en otras políticas públicas». Dicho con otras palabras, que los territorios no podrán emplear en lo que les dé la gana lo que ahorren por esta vía, porque ello supondría premiar de alguna forma el despilfarro, al permitir gastar más a los que más malgastaron. Pero hay más. El propio Gobierno admite la mentira de su argumentario en el documento en el que Hacienda explica el anteproyecto de ley orgánica de sostenibilidad financiera para las autonomías de régimen común, al aludir al artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dicha norma veta que el ahorro en intereses generado por la reducción de la deuda autonómica pueda ir dirigido a incrementar su gasto. Esta argumentación contradice lo expuesto en su entrevista televisiva por Pedro Sánchez y repetido, aunque parezca increíble, por la ministra María Jesús Montero. También lo que Moncloa ha ordenado repetir como loros a sus candidatos autonómicos, que ya no saben a qué agarrarse para dar la vuelta al descalabro que les vaticinan las encuestas, y a la ultraizquierda de Sumar, Podemos, Más Madrid y demás sucedáneos, que se desgañita en un intento vano de no caer en la irrelevancia más absoluta.