Burla sanchista para una democracia menor

Contamos con experiencia para asegurar que la izquierda que manda no es una virtuosa del buen gobierno ni del respeto a los umbrales de la norma fundamental. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acumulado el mayor número de reproches anticonstitucionales de la historia de la democracia. Y no en cuestiones menores, si se quiere anecdóticas, sino en capítulos medulares como los estados de alarma, el cierre del Parlamento o la cogobernanza durante la pandemia. Moncloa se desentendió de las cautelas previstas en la Carta Magna para, de manera arbitraria y sin sostén jurídico, socavar derechos de los ciudadanos y también de sus representantes en las Cortes, debilitando de manera dolosa el régimen liberal y de garantías. El abuso de poder habría causado la caída de cualquier gobierno democrático del mundo. El sanchismo exhibió entonces que sus convicciones y lealtad con el estado de derecho no eran lo que se dice intensos. A partir del mando único, el régimen no ha hecho otra cosa que perseverar y agudizar su desafección con los usos democráticos, la integridad y la legitimidad en el cumplimiento de los deberes públicos. No es, por supuesto, casual, ni una circunstancia sobrevenida que la coalición de socialistas y comunistas sea el exponente de la opacidad administrativa e institucional, que haya derogado de facto las normas de transparencia, y que guarde en los cajones centenares, sino miles, de reproches por su pertinaz veto a dar información y explicaciones a las que está obligado por la Ley. Del mismo modo, ha eliminado, tantas veces como le ha convenido, los controles previstos de los órganos consultivos para evitarse cualquier reproche previo al tránsito parlamentario. Y ha abusado del decreto ley hasta transformar este recurso excepcional en la forma habitual de legislar en pos de la discrecionalidad y la arbitrariedad mientras la aritmética en las Cortes le ha sido lo suficientemente propicia. En la naturaleza del sanchismo está que el fin justifica los medios, el poder a cualquier precio, incluida la suspensión de la democracia, colonizando las instituciones, especialmente el Tribunal Constitucional, hasta adulterar los cauces y los procedimientos. Legislar, por ejemplo, sobre asuntos relevantes por la puerta de atrás con disposiciones ajenas a los decretos. Como colar en las medidas anticrisis la derogación del artículo que paraba la amnistía y en la Ley de Paridad que se despoje a la Cámara Alta de la posibilidad de vetar la senda de déficit. Que sea contrario a la doctrina del TC, que, entre otras cosas, prohíbe mezclar materias que requieren tratamiento separado y también de discusión, ha sido humo. La dinámica autoritaria que pasa por eliminar cualquier vestigio de contrapoder resulta incuestionable. Si la Ley se convierte en papel mojado en manos del presidente de turno, se corre el riesgo de que el ciudadano responda con la misma moneda. Debería inquietarnos que una mayoría de españoles crea que la democracia peligra, como refleja la encuesta que publicamos hoy.