Aborto y derecho a decidir

Habría sido muy útil a todos que el Tribunal Constitucional hubiera dictado sentencia sobre la ley del aborto, recurrida por el PP en junio de 2010. Lo que se sometía a su alto juicio era si abortar sin motivo alguno un feto de hasta 14 semanas era o no conforme a la Constitución. Resulta deplorable que los magistrados no abordaran en estos tres largos años un asunto que afectaba a derechos fundamentales, negligencia tal vez deliberada para no incomodar a quienes le debían el nombramiento. Jueces designados por el PSOE sabían que la «Ley Aído» no casaba con la doctrina constitucional fijada en 1985, así que metieron el recurso de Rajoy en el congelador confiando en que un cambio de gobierno les ahorrara el trance. Eran los mismos que legalizaron con premura el partido de ETA.

La cuestión de fondo es si la embarazada tiene derecho a decidir sobre la vida o muerte del feto. Del mismo modo que los separatistas catalanes reclaman el derecho a decidir la ruptura con España, los abortistas exigen para la mujer ese mismo derecho soberano que convierte a la otra parte en sujeto pasivo sin voz ni voto, mero espectador que puede ser extirpado arbitrariamente. La izquierda, fiel al guión, se ha lanzado sobre el proyecto de Ruiz-Gallardón como una doncella ultrajada y dice que España retrocede 30 años. En cuestión de retrocesos, el PSOE es una reconocida autoridad; de hecho, su ley de 2010 fue un viaje en el tiempo al año 1920, cuando la URSS se convirtió en el primer país en legalizar el aborto, hito que Stalin puso como ejemplo de la libertad devuelta a la mujer proletaria. Pero sería la China maoísta la que haría del aborto un derecho fundamental al incorporarlo como herramienta de su política de hijo único, que aplicó con el frenesí de una trituradora sin límite de plazos. La dictadura china habrá sido brutal, pero no hipócrita, como los países democráticos que elevan a derecho la eliminación del feto, pero sólo en tanto sus rasgos físicos no sean reconocibles, como si temieran que la víctima pudiera reprocharles con una mirada su condena a muerte. Si se trata, como dicen los «progres», de un derecho, es una incoherencia restringirlo a plazos determinados. ¿Por qué es un derecho abortar antes de las 14 semanas de gestación y no a las 28 o a las 40? Quien así lo entendió con gran lucidez fue el siniestro doctor Morín, para quien cualquier plazo inferior a los nueve meses sólo era cuestión de tarifa. La gran hipocresía de la izquierda es disfrazar de derecho lo que en realidad es el más brutal de los métodos anticonceptivos, eso sí, limitado a unas determinadas semanas para que no digan que su ley de plazos puede convertir el útero de la mujer en un corredor de la muerte.