Contrato tostón

Don Íñigo Errejón, ilustre dirigente del moderado partido «Podemos», está siendo víctima de una incalificable persecución. Todo, por un somero incumplimiento contractual adquirido con la Universidad de Málaga. Don Íñigo, en efecto, que está obligado por contrato a invertir 40 horas semanales en investigación, ha decepcionado a quienes esperaban una mayor dedicación a su compromiso firmado con la Universidad malagueña. No ha aparecido apenas por allí, pero sí ha percibido el salario estipulado en su contrato, 1.825 euros mensuales. Un descuido sin importancia. El encargado de evaluar a don Íñigo es casualmente militante de «Podemos», y según tengo entendido, presidente de CEPS, un organismo que ha recibido ayudas millonarias del Estado Bolivariano de Venezuela. Tampoco es para alarmarse. Si «Podemos» respalda con fervor al régimen venezolano y se opone a exigir a Maduro que decrete la libertad de sus presos políticos, es absolutamente lógico que el régimen de Venezuela corresponda con la generosidad exterior que le caracteriza. Y se me antoja exagerado esperar de don Alberto Montero, el economista de «Podemos» y evaluador de don Íñigo Errejón, que defienda los intereses de la Universidad de Málaga en perjuicio de los emolumentos de su jefe de partido.

El contrato de investigación de don Íñigo firmado con la Universidad de Málaga y de cuyo cumplimiento y seguimiento es responsable don Alberto Montero, es de muy difícil culminación. Se trata de un tostón de órdago, y es perfectamente comprensible que, cobrando o no, don Íñigo se haya resistido a investigar. Su enunciado lo dice todo: «La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda». Se comprende y disculpa el rechazo de don Íñigo a investigar semejante pereza. El asunto del dinero es exclusivamente personal, y si don Íñigo por no investigar nada decide que es decente y honesto percibir casi dos mil euros al mes, sólo a su conciencia concierne la realidad de sus ingresos.

Lógicamente, si la Universidad que ha contratado sus servicios y sabiduría es la de Málaga, la investigación debe centrarse en Andalucía. Nada que oponer en ese aspecto por cuanto el principio del enunciado no deja lugar a la duda. «La vivienda en Andalucía». Más tarde se complica la labor del investigador, exigiendo a don Íñigo un diagnóstico, un análisis y diferentes propuestas de políticas públicas para desmercantilizar la vivienda. Y hasta aquí podíamos llegar. El coñazo es de órdago. Si me apuran, me parecen pocos los mil ochocientos euros. Una investigación de esa índole requiere una contraprestación mucho más generosa, aunque la investigación no se haya producido y los viajes a Málaga se hayan efectuado para aprovechar los últimos rayos de sol con vocación estival. De ahí el posible acuerdo verbal entre evaluado y evaluador: –Alberto, que no me pone lo de la vivienda en Andalucía–; –lo entiendo perfectamente, Íñigo. Lo importante aquí es el partido–; –Gracias, Alberto, salud bolivariana–; –de nada, Íñigo, y de eso, de lo que tu sabes, no te preocupes. Me encargo de que te llegue puntualmente–.

Que se pierdan nuestras más preclaras inteligencias jóvenes en investigar la desmercantilización de las viviendas en Andalucía es algo que me encorajina hasta extremos indefinibles. Las políticas públicas que esperen y dejen de atosigar. Y lo del dinero, pues eso, ¿qué pasa? Se trata de cantidades irrisorias. Y además, he leído que ha renunciado a percibir más mensualidades. No porque lo hayan descubierto, qué vil bobada, sino por solidaridad y principios. Persecución, en una palabra.