Cumplir la ley no es una cuestión de oportunidad

La Razón
La RazónLa Razón

Una de las cosas más preocupantes de nuestro país es la facilidad con la que despreciamos e incluso atacamos la defensa de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones que a todos nos afectan, y muy especialmente cuando hablamos de cosas trascendentales para la estabilidad y el funcionamiento de nuestro país y sus instituciones.

Estos días atrás, con motivo de las elecciones catalanas, asistimos a una «grave» polémica por que el Ministro de Defensa de España, ante la insistencia de un periodista en un medio de comunicación, sobre qué haría el ejército si en Cataluña se incumplía la Constitución, tuvo la osadía de decir que, si todo eso se producía, el ejército cumpliría con sus obligaciones.

En cualquier país serio, donde todo el mundo tiene claro la necesaria fuerza de sus instituciones, de sus normas fundamentales y del estado de derecho para la estabilidad, la seguridad y la fortaleza del mismo, esta afirmación no sería más que una obviedad que, en caso contrario, provocaría la crítica, la descalificación y el relevo inmediato del ministro al frente de sus obligaciones.

En nuestro país, sin embargo, produjo ese efecto contrario: la descalificación del ministro. No por que no tuviera razón- lo que dijo era obvio-, sino por que a juicio de algunos medios de comunicación y de algunos responsables políticos, que el ministro recordara algo tan fundamental como que el ejército cumpla con su deber, era inoportuno. Como si cumplir las obligaciones y la norma fundamental del Estado fuera una cuestión de oportunidad, más aún, frente a un desafío soberanista que atenta gravemente,- ese sí-, contra la norma fundamental que es la Constitución Española.

El artículo 8.1 de la CE dice que: «Las fuerzas armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

Juzguen ustedes si a la vista del mismo tiene sentido la polémica suscitada. El hecho cierto y sorprendente es que el ministro tuvo que «matizar» sus manifestaciones. Evidentemente, quienes se lanzaron a degüello fueron los independentistas y los medios que se califican a sí mismos más progresistas, que una vez más , arrastraron a todos los demás, incluidos compañeros y medios afines al Gobierno, avergonzados por esos complejos que nos atenazan incluso para defender lo obvio, ante el desafío independentista que padecemos.

Esta misma situación se ha venido produciendo en los últimos meses con las provocaciones constantes del presidente Más y sus aliados frente a la CE y las leyes. Conviene releer algunos artículos de la CE. Algunos los han olvidado o parece que no los quieren recordar. Y son muy claros.

El artículo 1.2 señala que: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado». Por lo tanto, corresponde a todos los españoles decidir de las cuestiones que nos afectan a todos, sin que quepa una decisión parcial de unos sobre otros. Considerando además que la Generalidad de Cataluña, como poder del Estado que es, emana de la soberanía de todos los españoles, por lo que de ninguna manera puede excluir al resto de los españoles.

El artículo 2 añade que: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas». Es evidente por tanto que la nación española es indisoluble e indivisible, y que lo único que cabe es la autonomía de las regiones, que se desarrolla en el título octavo de la Constitución, sin que allí haya mención ninguna que pueda dar lugar a cualquier tipo de independencia o división.

Es más. Resulta muy ilustrativo y clarificador, -también para las pretensiones de algunos «federalistas simétricos o asimétricos»-, el artículo 145.1 cuando dice: «En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas». Artículo este bastante ignorado en general.

Por su parte, a modo de recordatorio general, artículo 9.1 dice que: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». No cabe por tanto excepción alguna que le dé a nadie patente de corso para interpretar unilateralmente la Constitución y las leyes, y menos, para hacer lo que quiera a su antojo, aunque sea progre, independentista o lo que se quiera.

No es preciso ser un docto jurista para entender lo que dicen estos artículos. Y la obligación de todos, y en especial de los poderes y responsables públicos,-el señor Mas y las instituciones catalanas lo son- es cumplirlos.

Y esto, no es cuestión de oportunidad. Lo es de legalidad y de defensa de nuestro marco constitucional. Y nuestras instituciones no pueden mirar a otro lado o hacer cálculos oportunistas para eludir estos desafíos. Es esto lo que erosiona la Constitución y la convivencia en nuestro país, al igual que lo haría en cualquier otro donde esto mismo ocurriese. La Constitución también contempla cómo ha de actuarse por parte del Gobierno si una comunidad autónoma no cumple la Constitución y las leyes. El artículo 155 es muy claro al establecer que: «Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, o actuare de forma que atente gravemente al interés de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de dicha comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Algunos interpretan que citar este artículo es amenazar a quien no se ajusta a la ley, y que este camino es un camino equivocado. De nuevo la oportunidad sobre la legalidad, pese al incumplimiento flagrante de la misma como ocurre en este caso. Hay que ver hasta qué punto esa renuncia a aplicar la ley ha hecho que nos encontremos hoy con el problema tan agravado. El artículo sigue más vigente que nunca, y renunciar hoy a aplicarlo por cualquier otro cálculo frente a una vulneración manifiesta de la Constitución y las leyes seria tanto como traicionar a la propia Constitución, a las leyes, a la unidad e indisolubilidad de España, y a los españoles.

En este escenario, las posiciones poco claras de algunos partidos nacionales junto a la debilidad del Gobierno y del Senado que podría producirse tras las eleciones generales, y la propuesta de casi todos ellos de una reforma constitucional sin consenso previo, sin modelo y sin horizonte claro, augura un futuro preocupante de esta cuestión si no lo corregimos a tiempo.

Por supuesto que las cosas pueden cambiarse, y la Constitución también. Y esto tampoco es una ocurrencia de los progres. Es una previsión que también está contemplada en nuestra Constitución y que nos obliga a todos por igual. Y significa que esa modificación se tiene que hacer de acuerdo a lo establecido en el título décimo de la misma, que contempla los requisitos y el procedimiento a seguir para ello, incluyendo a quien le corresponde decidir finalmente sobre la misma.

No puede hacerse incumpliendo la norma fundamental. Ni mucho menos por mero cálculo político. Nadie negocia la venta de sus casa habiendo dejado que se instale el comprador por la fuerza y sin haberla pagado. Hemos actuado así durante mucho tiempo pero ya no podemos dudar más por que el desafío persiste. El respeto y el cumplimiento de la ley no puede seguir siendo un problema. Tanto tiempo jugando con la conveniencia en perjuicio de la legalidad es lo que nos ha traído hasta aquí. Recuperar la fuerza de la Constitución e imponer sin miramientos la legalidad es la base para poder solucionar el problema, y sentar de nuevo las bases para que no vuelva a reproducirse, haciendo a nuestro país más fuerte, a semejanza de los países serios de nuestro entorno.