Cumplir y hacer cumplir la ley

La aprobación de una ley de consultas autonómica de carácter refrendario, así como su impugnación ante el Tribunal Constitucional, constituyen uno de los grandes temas de la actualidad política de España. Dicha norma se ha pretendido sostener, por parte de sus defensores, en el triunfo de la libertad frente a la opresión, en el valor de la justicia frente a la iniquidad política, y en el valor de la democracia participativa frente al inmovilismo jurídico. Sin embargo, lo cierto es que como sostiene el Preámbulo de nuestra Constitución, la finalidad misma de la existencia de España como nación, consiste en el deseo de establecer la justicia, la libertad y la seguridad. España existe por tanto, como comunidad política, para asegurar la justicia en libertad.

La justicia política no puede imponerse sin libertad. De nada serviría repartir los bienes, si no se permite la expresión o el pensamiento a los presuntos beneficiarios. Pero la libertad política tampoco puede imponerse a la justicia, porque entonces la demagogia derrumba todo intento de hacer el bien, para permitir la venganza y el maximalismo ideológico, en definitiva, el totalitarismo.

Pero del mismo modo, resulta indudable que tanto la justicia como la libertad son ilusorias, si no se desarrollan en un ámbito de seguridad política, en un Estado de Derecho. Por ello, el Preámbulo de la Constitución asume, como gran objetivo, la consolidación del Estado de Derecho, que es el contexto en que mejor puede asegurarse la justicia en libertad. El Estado de Derecho implica que la ley no puede dejar de cumplirse, ni siquiera bajo el argumento de que se trata de conseguir más libertad, ni puede desbordarse la ley bajo el pretexto de hacer justicia. La libertad y la justicia sólo pueden alcanzarse en el contexto de un Estado de Derecho, dotado en exclusiva de la legitimidad para imponerse a todo intento de menoscabarlo.

Es función del Gobierno cumplir y hacer cumplir las leyes. Los jueces están para juzgar, para resolver los casos que se les plantean, e incluso en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, para ejecutar las sentencias que han dictado. Pero la primera responsabilidad no es la de quien juzga, sino la de aquél que previene, no es del que actúa a resultas de la realidad, para restaurar lo mal hecho, sino de quien debe imponerse políticamente, para asegurar que la vida pública transcurra en paz, dentro de la ley.

Pertenecer a una nación, ser un ciudadano, no es solamente el resultado de un acto de justicia electoral, sino una opción política permanente que crea un contexto de derechos, y también de lealtades y deberes. Dichas lealtades se traducen en normas jurídicas, esto es, en la seguridad política convertida en Derecho. No es posible enfrentar la justicia política con la ley. Fuera de la ley no hay justicia, siempre que dicha ley sea respetuosa de los derechos fundamentales, y conforme con los principios de la comunidad internacional y la civilización, condiciones todas ellas que concurren en nuestra Constitución.

Las comunidades que forman nuestro Estado han de ser leales a España, porque nuestra nación se rige por una Constitución aprobada por el pueblo, cuya violación no está justificada ni por la opresión, ni por un ataque a los derechos fundamentales, ni por un desconocimiento de las normas que rigen la comunidad internacional. La Nación española puede aspirar legítimamente a ser respetada como comunidad y como fuente de Derecho, porque no es el resultado de una espuria transacción de intereses, sino una puesta en común de proyectos y valores, para asegurar de modo permanente la justicia en libertad.

Por todo ello, la legitimidad que de modo manifiesto ostenta nuestro Estado de Derecho, para asegurar la vigencia de la ley, permite responder de modo adecuado a toda actuación pública o privada que tienda a comprometer la paz social. Dicha legitimidad, que deriva de la libre autodeterminación del pueblo español, manifestada en nuestra norma constitucional, legitimidad internacional y universalmente reconocida, que sostiene toda la construcción política de nuestro Estado, no puede ponerse en riesgo, ni puede cuestionarse en su base democrática, sin que se incurra en deslealtad a la soberanía española y a su Carta Magna, la cual constituye la expresión más adecuada de los valores superiores de nuestra sociedad, valores que todas las autoridades públicas han de sostener.