El 155 económico

La Generalitat ya no remitirá al Gobierno central más informes semanales sobre sus gastos hasta después del 1-O. Junqueras pretende así burlar el control que lleva ejerciendo La Moncloa sobre el Ejecutivo catalán para evitar que destine fondos del sistema de financiación autonómico a sufragar el referéndum secesionista. Hoy, Montoro tiene previsto anunciar un paquete de medidas dirigidas a intervenir de facto las cuentas de la Generalitat, pretendidamente garantizando así que los fondos transferidos desde Madrid se destinen estrictamente al pago de los servicios públicos, de los proveedores y del servicio de la deuda. A falta de conocer las medidas con mayor detalle, resulta harto dudoso que tal paquete vaya a lograr sus objetivos anunciados.

La razón es muy sencilla: los gastos del referéndum son minúsculos en comparación con todo el presupuesto que maneja la Generalitat. Es imposible evitar que unos pocos millones de euros de entre los 24.000 millones que administra anualmente la Generalitat terminen costeando la consulta. Para evitarlo con absolutas garantías, el Gobierno central sólo contaría con dos posibilidades, ambas indeseables.

La primera, aplicar el artículo 155 de la Constitución, de modo que la autonomía catalana fuera suspendida y todos los gastos cayeran bajo la gestión directa de Montoro. La segunda, cerrar el grifo del FLA y del sistema de financiación autonómico en caso de que se perciba que la Generalitat está malgastando tales fondos. Ambas opciones serían desastrosas no sólo para Cataluña, sino también para España.

El 155 político sublevaría a la sociedad catalana y erosionaría aún más la legitimidad de la Administración central en la región. El 155 económico –la congelación total de fondos– abocaría a la Generalitat a suspender pagos a sus acreedores, incluidos a sus bonistas: y tal escenario de debacle financiera no sólo minaría la credibilidad de la Generalitat durante lustros, sino que, por un más que previsible efecto contagio, también terminaría repercutiendo negativamente sobre el resto de deudas autonómicas y sobre el Gobierno central. En el mercado financiero, nada estigmatiza tanto como un «default», y cerrarle el grifo a la Generalitat equivaldría a forzar ese «default», disparando los intereses de la deuda de todas las administraciones españolas. El Ejecutivo central es –o debería ser– consciente y, por eso, ni es probable que termine echando mano del 155 político ni, tampoco, del 155 económico.