El edén del enchufado

En España no sobran funcionarios. Lo que sobran son enchufados. No menos de 600.000 empleados públicos han sido contratados en los últimos siete años, buena parte de ellos sin más mérito que pertenecer al partido o al sindicato, ser pariente del gobernante de turno o por intercambio de favores. Además de haberse hinchado alegremente las plantillas de Sanidad y Educación cuando de las fuentes manaban leche y miel, la metástasis burocrática más letal se ha dado en las empresas públicas que en número de seis mil crearon autonomías y ayuntamientos para zafarse del control fiscal del Gobierno. Es verdad que en estos cinco años de crisis se han registrado recortes, pero todavía hay 300.000 contratados más que en 2006, lo que contribuye a que el gasto estructural sea 28.000 millones de euros superior al de entonces. Para mayor sorpresa, Hacienda acaba de detectar que los gobiernos autonómicos están repescando a los interinos salientes para concederles la condición de funcionarios, lo que explica que en los últimos doce meses las autonomías hayan pasado de tener 912.893 funcionarios a 921.109, es decir, 8.216 más. Con la que está cayendo. ¿Cómo resolverá el Gobierno de Rajoy este despropósito imposible de costear a pesar de los elevados impuestos que pagamos? Hoy presenta una de las leyes posiblemente más importantes de esta legislatura, la de las Administraciones Públicas. Son muchas las teclas que tocará, la mayoría muy molestas para barones, virreyes y caciques, pero ninguna es tan necesaria como la de extirpar el clientelismo y el enchufe. Sería deseable que Rubalcaba, una vez convertido a la fe en el pacto, apoyara esta reforma crucial. Pero tal vez sea pedirle demasiado a un partido que ha hecho de Andalucía el ejemplo exacto de todo lo contrario: una tupida red de reparto de favores que se debería erradicar por simple higiene democrática.