La Legislatura que terminó en diciembre del año pasado, la undécima de la democracia, vio cómo se planteaba con crudeza la cuestión de la unidad de España. La amenazaron los nacionalistas catalanes, que comprendió lo que parecía la inminente quiebra de nuestro país como la ocasión perfecta para acabar con una ruina incapaz de gobernarse a sí misma. Desde esta perspectiva, la política de reformas económicas del PP fue crucial para evitar el desmembramiento.

Eso no significa que la cuestión de la unidad de la nación española haya desaparecido de nuestra vida política. Aunque el «procès» parezca haber entrado en barrena, la secesión de Cataluña sigue estando entre los objetivos de buena parte de los partidos catalanes. Además, el 20-D y las encuestas actuales indican que las alianzas entre partidos nacionales –al menos las establecidas según el eje izquierda-derecha- no bastan para conseguir la mayoría absoluta. Así que los partidos nacionalistas pueden seguir siendo indispensables para gobernar el país.

Eso explica buena parte de lo que ocurre con este asunto de la unidad de la España en los programas electorales. Destaca, en primer lugar, la firmeza del Partido Popular, que habla en dos ocasiones de unidad: «la unidad de la Nación española» como principio constitucional, y «la unidad en torno a la España de las Autonomías y a la Constitución de las libertades y los derechos». Para subrayar su posición, el PP está en contra de las tentativas de dividir. Más en concreto, se compromete a «garantizar una oferta básica de servicios públicos esenciales igual para todos los españoles (...) con igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad». También promete un marco de financiación estable y suficiente para todas las Comunidades Autónomas. Insiste en algún elemento de cooperación entre Comunidades y luego se atreve a plantear la cuestión de los símbolos al afirmar que garantizará el cumplimiento estricto de las leyes correspondientes en cuanto a los símbolos y la bandera, y la reformará en lo necesario. Es el único partido que lo hace.

El PSOE no habla de la unidad de España, aunque sí de la «unidad del Estado». Se refiere sobre todo a las deficiencias de la organización territorial, apartado en el que insiste con el «blindaje» de los derechos sociales. En cuanto a la crisis territorial, acusa por igual al «secesionismo en Cataluña» y a «la inacción del Gobierno del PP». La propuesta remite a la Declaración de Granada de 2013, que presentó, sin gran precisión conceptual, una vía federal frente a las tentaciones de recentralización y las secesionistas. En este ejercicio de equilibrismo, destacan expresiones como la apelación a los «pueblos de España», un guiño a la retórica populista preconstitucional de los años 70.

Ciudadanos, que en su tiempo nació para evitar la embestida nacionalista, ha difuminado este gran motivo en su programa. Es cierto que asegura que se garantizará «la unidad de todos españoles» y explica que «nos opondremos a todo intento de convocar un referéndum separatista». Aun así, la unidad aparece más como el sustrato de una serie de políticas concretas que garanticen la igualdad de todos. Es una aproximación templada y racional.

Algunos dirigentes de Podemos hablan con facilidad de la «patria» –término desconocido para los demás partidos españoles-, pero en el programa de Podemos la unidad de la patria, que hasta el momento sigue siendo España, no existe. Lo importante aquí es la diversidad, la «riqueza de nuestras lenguas y culturas» y, en términos políticos, la «plurinacionalidad». Podemos recupera así el fondo del discurso político vigente desde 1978, en el preciso momento en el que los grandes partidos nacionales empiezan a percatarse del coste de haber sacado la cuestión de la nación de la vida política española.

La apuesta por la «diversidad» de los de Podemos no parece tener límite. Por eso cualquier pacto con otros partidos resulta imposible. Sólo el PSOE, con su apuesta federal y su romántica evocación de los «pueblos de España», podría establecer alguna clase de diálogo, en cualquier caso muy precario y de coste alto, con los «plurinacionales» podemitas. No hay, en cambio, grandes obstáculos para que PP y Ciudadanos lleguen a una posición compartida. Son más los puntos que los unen que aquellos que los separan.

La claridad y la moderación del PP, y el empeño de racionalización de Ciudadanos también permiten concebir algún acuerdo con el PSOE. Siempre, eso sí, que el PSOE no se empeñe en definir su propia actitud mediante el viejo recurso de atribuir a los demás realidades imaginarias, como es la voluntad de recentralizar en el caso del PP, para no tener que definir la propia. Así no se va a ningún sitio. En general, los partidos constitucionales van superando el recelo ante la realidad nacional española, pero siguen manteniendo un alto grado de desconfianza, que los desconecta de la generalidad de los españoles para los que el país sigue siendo, como es natural, la base de cualquier bien común.